La iniciativa está planteada en un proyecto de ley elaborado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) con el fin de mejorar las gestiones ambientales de los ayuntamientos en Costa Rica.
El plan es una reforma a la ley que se aprobó en el 2010 y que no se contempla en la legislación vigente, según la UNGL.
Si un ciudadano es sorprendido tirando desechos hospitalarios, baterÃas de cualquier tipo que puedan ocasionar alguna explosión o con quÃmicos fuertes, su sanción será de ¢431 mil.
Dentro de las sanciones se establece que aquellos desechos por vÃa de enterramiento, abandono o quema en lugares no habilitados por la autoridad competente, se sancionará con una multa de ¢43.100 por cada 20 kilógramos de peso de residuos hallados por la autoridad municipal.
Esta sanción se elevará a ¢107.000 por cada veinte kilogramos hallados en caso de que los desechos se encuentren en vÃa pública, sistemas de alcantarillado, nacientes, cauces de agua o zonas de protección.
En el caso de aquellos que almacenen residuos ordinarios en sitios no autorizados o aprobados por las autoridades competentes, la sanción será de ¢431 mil por cada 100 kilogramos hallados.
“Por la comercialización y el transporte de residuos ordinarios, sin contar con la debida autorización de la autoridad competente, se impondrá una multa equivalente a medio salario base (¢215 mil) por cada 100 kilogramos de peso de residuos hallados por la autoridad municipal”, determina el proyecto.
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