El Gobierno de Estados Unidos, a travĂ©s del departamento del Tesoro, sancionĂł a tres miembros de la Ă©lite del gobierno de Daniel Ortega, una decisiĂłn que, segĂșn los expertos, tendrĂĄ consecuencias a nivel global.
Al comisionado general Francisco DĂaz, director de facto de la PolicĂa; Fidel Moreno, secretario polĂtico del FSLN en Managua asĂ como secretario general de la AlcaldĂa de Managua, y a Francisco LĂłpez, tesorero del partido de gobierno, y tambiĂ©n vicepresidente de Albanisa y presidente de la estatal Petronic, que es dueña del 49 por ciento de Albanisa, les fue aplicada la Ley Magnitsky, una decisiĂłn que fue respaldada pĂșblicamente por el vicepresidente Mike Pence.
En un comunicado emitido ayer por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera dijo que “la violencia causada por el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo de Nicaragua y los actos de aquellos cercanos a Ortega para enriquecerse ilegalmente son profundamente preocupantes y inaceptables”
“El presidente Ortega y su cĂrculo cercano continĂșan violando las libertades bĂĄsicas de civiles inocentes e ignorando las demandas de reformas democrĂĄticas, incluyendo elecciones libres y transparentes”
Para el jurista y exasesor de la CĂĄmara de Representantes, Jason Poblete, las nuevas sanciones, a travĂ©s de la Ley Global Magnitsky, tienen una onda que salpica a otros paĂses y un mensaje para el rĂ©gimen que no deja dudas: “Que la administraciĂłn Trump va en serio, no estĂĄ hablando mucho y estĂĄ tomando acciones”.
Los tres funcionarios se suman a Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral, quien fue sancionado por Estados Unidos el 20 de diciembre pasado. Los señalamientos son corrupción y violaciones a derechos humanos.
SegĂșn expertos consultados, la Ley Magnitsky ofrece una ruta alternativa a la justicia en casos de impunidad, porque se trata de una muerte financiera para los sancionados.
“Como resultado de las acciones de hoy (jueves) quedan bloqueados todos los bienes o toda participaciĂłn en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicciĂłn de los EE.UU. AdemĂĄs, a los estadounidenses se les prohĂbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que estĂĄn controladas por las personas designadas”, explicĂł en una declaraciĂłn la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
SegĂșn el comunicado del departamento del Tesoro, DĂaz, el jefe de facto de la PolicĂa Nacional y consuegro de Ortega “bajo su direcciĂłn la PolicĂa Nacional ha realizado serios abusos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales”. El comunicado recoge el incendio a la casa del barrio Carlos Marx a mediados de junio en el que murieron calcinados seis miembros de una familia y especifica que “enmascarados acompañados por lo que testigos identificaron como miembros de la PolicĂa habrĂan causado el incendio”.
En cuanto a Fidel Moreno, dice que “ha actuado como lĂder de la Juventud Sandinista implicada en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionadas con las protestas contra el gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril. Moreno ha estado personalmente relacionado a ataques contra manifestantes al menos desde el 2013,” A travĂ©s de la Juventud Sandinista, el comunicado tambiĂ©n relaciona a Moreno con el ataque a la casa del barrio Carlos Marx.
Sobre Francisco LĂłpez el comunicado dice que “cuando ha estado involucrado en proyectos de infraestructura, LĂłpez habrĂa canalizado fondos a travĂ©s de pagos personales y ha colocado a individuos en el gobierno que le han ayudado a robar millones de dĂłlares anualmente y ha utilizado su posiciĂłn para su beneficio y el de su familia”
Impacto en Albanisa
Poblete opinó que las sanciones tienen un efecto importante, que no solamente toca al Gobierno de Nicaragua, también a Alba de Nicaragua, SA (Albanisa), que estå siendo investigada en Estados Unidos, al tratarse de una subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Albanisa fue formada por PDVSA, que es dueña del 51 por ciento de las acciones de la compañĂa y por PetrĂłleos de Nicaragua (Petronic), propietario del restante de acciones, señalada de vĂnculos con el narcotrĂĄfico y lavado de dinero y otros paĂses, y que es administrada a nivel local por el financiero Francisco LĂłpez, tesorero del partido de gobierno y presidente de Petronic.
Al mismo tiempo, LĂłpez Centeno tiene un asiento en la Junta Directiva de la Disnorte-Dissur, la empresa distribuidora de energĂa.
El 13 de septiembre de 2017, el investigador Douglas Farah, en una cita en el Senado de Estados Unidos, mencionĂł a Albanisa como parte de una red de aliados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para ejecutar acciones de lavado de dinero.
“Creo que no hay sustento racional para la economĂa de Albanisa, como de Alba PetrĂłleos. O sea, el dinero que ellos mueven no es de ninguna fuente racional econĂłmicamente verificable. Entonces, en esos casos lo mĂĄs probable es que venga de otras fuentes”, dijo Farah a LA PRENSA en febrero pasado.
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