LA VOZ DE GOICOECHEA.- Costa Rica vivió un año 2018 caracterizado por la desaceleración económica y el trámite de una reforma tributaria que busca generar estabilidad en las finanzas y paliar el creciente déficit.
El informe más reciente del Banco Central indica que la economía de Costa Rica registró un crecimiento interanual del 2,1 por ciento al tercer trimestre de 2018, con lo que se mantiene la tendencia a la desaceleración.
En el primer trimestre el crecimiento interanual fue de 2,9 por ciento, en el segundo del 2,6 por ciento y en el tercero del 2,1 por ciento, lo que confirma la tendencia a la desaceleración que comenzó a mediados del 2017.
Según el Banco Central, esta situación se debe a una combinación de factores como la huelga sindical contra la reforma fiscal de septiembre pasado, así como la crisis sociopolítica que vive el vecino Nicaragua desde abril pasado y que "ha impactado el intercambio comercial con el resto de la región centroamericana".
El BCCR señaló como otro factor que provoca la desaceleración la "incertidumbre existente en ese momento, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas", pues para el tercer trimestre el Congreso tramitaba una reforma fiscal que finalmente fue aprobada a inicios de diciembre.
El sector con mejores números es el de la construcción con un crecimiento del 6,3 por ciento, seguido por el de información y comunicación con 5,3 por ciento, el financiero y seguros con 4,2 por ciento y la agricultura con 2,6 por ciento.
La industria manufacturera apenas creció un 1 por ciento y el comercio 0,9 por ciento.
El informe de la entidad bancaria señala que el consumo de los hogares creció 2,1 por ciento y el del Gobierno un 0,7 por ciento, dos indicadores que también favorecen la desaceleración de la economía.
En el tercer trimestre la demanda externa por bienes creció 5,2 por ciento, impulsada por la exportación de dispositivos médicos, mientras que la demanda externa de servicios subió el 0,1 por ciento.
Estos datos se enmarcan en un álgido contexto de discusión de una polémica reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Carlos Alvarado y que motivó en septiembre una extensa huelga sindical que alcanzó hasta los tres meses en el sector educación.
La reforma fue aprobada por el Congreso el 3 de diciembre tras recibir el aval de la Sala Constitucional, que no encontró vicios de forma ni de fondo en la ley.
El presidente Alvarado aseguró que con esta reforma fiscal Costa Rica evitó una crisis económica similar a la de la década de 1980, cuando hubo una fortísima devaluación de la moneda e incremento del desempleo y la pobreza.
La polémica ley convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que grava los servicios y más productos, algunos de manera diferenciada como los servicios de salud privada (4%), las medicamentos (2%) y los bienes de la canasta básica (1%).
La reforma también incluye modificaciones al impuestos sobre la renta, la renta global y medidas para contener el gasto público, como lo son reducciones en pluses salariales a los empleados públicos y una regla fiscal.
Según el Banco Central, la reforma generaría ingresos nuevos por 1,2 % del producto interno bruto (PIB), y si se le suman las medidas de recortes y contención del gasto que incluye, el impacto sería cercano al 3,7 % del PIB en el 2022.
Se busca paliar el déficit, calculado en el 7,1 % del PIB para 2018, y frenar el crecimiento de la deuda, que cerrará en el 53 % del PIB este año.
El Gobierno espera que en el segundo semestre de 2019 se comiencen a observar los primeros resultados de la reforma fiscal.
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