Expertos han previsto que el daño de la Nica Act a la economía nicaragüense sería “severo”, y en medio de la actual crisis resultaría “mortal” ante una economía trastocada por la inestabilidad sociopolítica. “Sería una paralización casi total de la inversión pública que afectaría la construcción de caminos, carreteras, puentes, escuelas, centros de salud, hospitales, equipamiento a instituciones públicas, y una de las instituciones Estatales más afectadas sería el Ministerio de Hacienda”, explicó el economista Néstor Avendaño.
Muchos opinan que la asfixia económica termine “doblando el brazo” a los Ortega-Murillo, un gobierno que no posee los mismos recursos que Venezuela para lograr una supervivencia tan larga en medio de una crisis acentuada.
6- Presión para que Ortega adelante las elecciones
El excanciller Norman Caldera opinó que la Nica Act pretende ejercer presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión policial y paramilitar, negocie reformas políticas y anticipe elecciones para superar la crisis, tal como ha venido insistiendo Washington.
Es decir, que es flexible en el sentido que Managua se encamine a cumplir los requisitos planteados por la misma ley. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno sandinista se mantiene inamovible en su postura. Se declara víctima de un golpe de Estado, ha cerrado las puertas al diálogo político y a la demanda de justicia por los crímenes. En cambio, ha instalado un “estado policíaco”, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo al que esta misma semana expulsó del país.
“En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”, dijo Ros-Lehtinen.
El texto de la ley refleja el espíritu de su promotora. Sostiene que la mejor salida para la crisis sociopolítica nicaragüense es el diálogo entre los sectores opositores y el gobierno, mediado siempre por los obispos de la iglesia católica. Sin embargo, la NicaAct justifica su aprobación bajo el argumento de que la administración sandinista “no ha podido participar de manera creíble en el proceso” de diálogo y negociaciones con el movimiento estudiantil, el sector privado y la sociedad civil.
De hecho, en la actualidad, el gobierno sandinista mantiene una intensa campaña de persecución contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos, y organismos de la sociedad civil. Tras la aprobación de la NicaAct por el Congreso, el Parlamento sandinista suspendió la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la principal organización de derechos humanos del país, y la policía orteguista asaltó las instalaciones uno de los principales medios independientes, el diario Confidencial.
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