LA VOZ DE GOICOECHEA.- La PEP solicitó que se abra una investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito y por supuestamente infringir el artículo 353 del Código Penal, donde se prohíbe a los funcionarios públicos recibir dádivas u obsequios
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) denunció esta jueves al diputado independiente Jonathan Prendas ante la Fiscalía General por el viaje que hizo a España en febrero, al Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, España, pagado por un empresario.
La PEP solicitó que se abra una investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito y por infringir el artículo 353 del Código Penal, donde se prohíbe a los funcionarios públicos recibir dádivas u obsequios.
Además, de oficio, abrió un expediente administrativo bajo número de expediente DEP-047-2019, “donde se realizarán las diligencias necesarias para determinar otras posibles responsabilidades del diputado Prendas Rodríguez y demás personas servidoras públicas, que pudieron haber vulnerado o menoscabado el deber de probidad, por haber incurrido en algún conflicto de intereses o distintas conductas prohibidas por la múltiple y diversa normativa que cubre el ejercicio de la función pública”.
Consultado este miércoles, el legislador independiente reconoció que el empresario Marcos Elías Mora le financió su viaje y la entrada al famoso congreso sobre tecnología móvil, que se realizó entre el 25 de febrero y el 1.º de marzo en Barcelona.
De hecho, Mora confirmó que él corrió con los gastos del legislador. Él se presenta en su perfil profesional como consultor y vocero en innovación y tecnología, así como en el tema de ciudades inteligentes y seguras.
Anteriormente, hasta principios del 2018, Mora era el director de Canales para Huawei Enterprise Costa Rica. Así lo confirmó él, por vía telefónica.
“Él fue quien me llevó”, afirmó Prendas, vocero del bloque independiente Nueva República, luego de que este medio lo buscara para conversar sobre el tema desde el martes. Añadió que el empresario también le pagó el tiquete de entrada al MWC, el cual tenía un costo mínimo de 799 euros.
El legislador viajó junto con su hermano, Francisco, y un asesor, Juan Manuel Tirado. Según el congresista, ellos dos se pagaron sus propios gastos.
“Es amigo mío, yo soy su asesor en temas de tecnología y, en el foro, había un programa ministerial que me parecía de mucho valor que él asistiera. Fueron más de 170 delegados de diferentes países y me parecía importante que él, en todo este tema de transformación digital, fuera. Yo con mucho gusto le hice la invitación a él”, dijo Marcos Elías Mora.
El legislador salió del país el domingo 24 de febrero y regresó domingo el 3 de marzo. Para ausentarse de sus labores legislativas, solicito un permiso a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, alegando que cumpliría funciones “inherentes al cargo”.
Con el permiso solicitado, el diputado no perdió una sola de las dietas de las sesiones de plenario y de comisiones legislativas a las que faltó.
En cuanto a su asesor, Juan Manuel Tirado, la Dirección Ejecutiva le aprobó un permiso con goce de salario, a solicitud del mismo Jonathan Prendas, con fecha del 21 de febrero del 2019.
En esa nota, Prendas especifica que Tirado lo acompañaría del 25 de febrero al 1.º de marzo en el Mobile World Congress 2019, por su nombre en inglés, y detalló en la nota: “El cual es de importancia para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con ciberseguridad y ciudades inteligentes”.
En su comunicado, la Procuraduría de la Ética establece que debe existir el compromiso, de parte de los servidores públicos y de la ciudadanía en general, de observar y respetar las normas anticorrupción.
En particular, dicha instancia hizo referencia a las Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general.
La PEP enfatizó que, por el momento, las gestiones que está realizando sobre el caso del diputado Prendas tienen caracter de confidencialidad, según lo ordena la ley anticorrupción.
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