NICARAGUA: Dictadura anuncia que aprobará esta semana su Ley del “perdón” o amnistía

LA VOZ DE GOICOECHEA.- Régimen afirma tener a "centenares de familias" víctimas, de las que se excluiría a los estudiantes, campesinos y demás personas asesinadas por paramilitares y la Policía Orteguista durante las jornadas de protesta.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó que aprobarán esta semana su polémica Ley del “perdón” -que la oposición ha denunciado como una amnistía- y hasta afirmó tener lista a “cientos” de personas como supuestas víctimas de los que en la versión del régimen fue un intento de “golpe de Estado”, pero que dejaría fuera a las familiares de las personas que fueron asesinadas durante la masacre perpetrada por paramilitares y la Policía Orteguista durante las jornadas de manifestaciones desde de abril del 2018.

En el comunicado leído este lunes 27 de mayo por el canciller orteguista, Denis Moncada, se indica que esta semana “se presentará a la Asamblea Nacional para darle categoría de Ley, el Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2018, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición”.

El nombre de la Ley fue cambiado pues ahora especifica que solo beneficiaría a aquellos grupos que el régimen harían aparecer como las víctimas del “terrorismo”, que serían todos simpatizantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pues hasta hoy la dictadura no ha reconocido como parte de las víctimas a los estudiantes, campesinos y demás pobladores asesinados en la jornada de represión.

Los detalles de cómo se compensarán por parte del Estado no ha sido revelado, sin embargo la dictadura dice que ya son “centenares de familias que son recibidas en calidad de víctimas sufrientes del terrorismo golpista”.

Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sostienen en sus informes en que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad por paramilitares y la Policía Orteguista con la complacencia desde las estructuras del Estado, y se recomendó investigar la responsabilidad del dictador Daniel Ortega, del jefe de facto de la PO, Francisco Díaz y los demás mandos policiales.

Los asesinados durante las jornadas más crudas de la represión a las protestas se estiman entre 325 y 536, además de miles de heridos, torturados, decenas de desaparecidos, miles de exiliados y unos 730 presos políticos.

En su informe final el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) verificó con evidencias claras que entre los delitos de lesa humanidad cometidos en Nicaragua se trata del asesinato, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física y la persecución. Se recomendó que en el caso de los crímenes de violación, tortura y desaparición forzada tendrán que ser investigados cuando existan las “condiciones que garanticen el acceso a la información del Estado y, sobre todo, un trato adecuado a víctimas y testigos”.

Esas recomendaciones han sido obviadas por la dictadura Ortega Murillo quien impondrá su propia Ley del “perdón”, pese al rechazo de la Asociación de Madres de Abril (AMA) que agrupa a los familiares de las víctimas de la masacre, así como de los diferentes sectores sociales y de la opositora Alianza Cívica (AC).

Ahora dicen que son 146 los pendientes de excarcelar

Las negociaciones están suspendidas desde hace dos semanas luego del asesinato del preso político Eddy Montes Prasli por custodios del Sistema Penitenciario conocido como La Modelo, durante un ataque a más de cien reos políticos que se mantenían atrincherados en la galera 16-1, como forma de protesta por los maltratos que sufren.

En el comunicado leído Moncada, jefe de la delegación del régimen en las negociaciones con la AC, se retoman los descalificativos hacia los miembros de la AC por su firmeza en no retornar a las negociaciones hasta que se liberen a todos los presos políticos, que de acuerdo a la más reciente lista, 227 aún en las cárceles.

Hasta el 21 de mayo de 2019, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos totalizó 730 presas y presos políticos, de los cuales 401 han sido excarcelados con procesos abiertos o condenas. Pero Moncada afirmó que “faltan exactamente 142 por excarcelar”. Aunque es menor la cifra a lo que demanda el Comité, la dictadura reconoce tener a más protestantes en las cárceles ya que hasta el viernes pasado, aseguraba que eran 132 las personas pendientes de excarcelar.

A pesar de que existe una acuerdo firmado con la AC de que los reos políticos deben ser puestos en libertad y eximidos de toda causa judicial en un plazo máximo de noventa días, que se vence el próximo 18 de junio, la dictadura pretende aparecer como benevolente, pues en su comunicado, dice que los que ya han sido excarcelados, pero que permanecen en el régimen de convivencia familiar, son una “muestra de la generosidad” del dictador Ortega.

De aprobarse la “Ley del perdón” para dar amnistía a los involucrados en la represión al pueblo, las negociaciones con la AC podrían romperse definitivamente, ya que la oposición ha advertido que una de las principales demandas en lograr que se conforme una Comisión de la Verdad independiente, donde participen organismos como la CIDH y Naciones Unidas, que esclarezcan los asesinatos y demás crímenes cometidos en la jornada de represión a las protestas ciudadanas que han exigido la salida del poder de Ortega y Murillo.

FUENTE LA PRENSA - NICARAGUA

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