LA VOZ DE GOICOECHEA.- La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la cual se encuentra implicada en presuntos sobornos por 434 millones de euros, realizó un aporte al Partido Liberación Nacional (PLN) por ¢11 millones durante la campaña electoral de 2010 para la Presidencia de Laura Chinchilla Miranda.
La información sobre el aporte de la compañía fue confirmada al periódico Diario Extra por Guiselle Valverde, jefa a.i. del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El aporte fue realizado por FCC Construcción Costa Rica S.A, que figura como la unidad local de la empresa española dedicada a labores de infraestructura.
Dicho aporte se trató de una compra de bonos de la compañía a la agrupación política verdiblanca, de acuerdo con los registros de la institución electoral.
La compra se dio el 17 de febrero de 2010, es decir, 10 días después del triunfo de Laura Chinchilla, entonces candidata por el Partido Liberación Nacional (PLN) durante los comicios efectuados hace nueve años.
De acuerdo con Valverde, en el registro de colocación de certificados de cesión remitido por el PLN a este Departamento, asociado al proceso electoral presidencial 2010 aparecen registrados certificados de cesión a favor de la empresa FCC Construcción Costa Rica S.A, uno por ¢10 millones y otro por ¢1 millón, no obstante, el PLN les realizó un descuento por ¢550 mil.
Antecedentes
Una publicación del Diario El País de España del 14 de junio anterior reveló que la compañía constructora recibió siete adjudicaciones públicas en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.
A raíz de eso, el rotativo consignó que la Policía de Andorra se encuentra investigando a la compañía por supuestamente conseguir ejecución de proyectos y obras viales por medio de un supuesto pago de sobornos por 434 millones de euros.
En el caso de Costa Rica, la contratación que puso en entredicho la publicación española se trató de las labores de reparación de la Ruta Nacional 3 que comunica La Uruca con Orotina y cuyo monto cuestionado ronda ¢13.300 millones.
La publicación del medio señaló que el contrato cuenta nueve páginas y se firmó el 28 de abril de 2010 en Madrid, España, además que fue suscrito por Mauricio Cort, un letrado de nacionalidad panameña. Durante la fecha en que se dio la firma del contrato, el presidente de Costa Rica era Óscar Arias Sánchez.
Mala memoria
La publicación del Diario Extra indica que se consultó con Jorge Walter Bolaños, quien fue tesorero del PLN en aquel entonces, quien dijo desconocer de cuál aporte se trató porque fueron muchas compras de bonos.
El extesorero dijo que en su memoria es imposible manejar todos los nombres y manifestó que habría que buscar la lista de compradores porque “no recuerda” ese nombre.
Cuando el medio le explicó los detalles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el caso en cuestión publicado por el periódico español, prefirió no ahondar en detalles u opinar al respecto.
“No sé quién es o quién los representaba, no recuerdo, ya son tantos años de esto, así es que no le puedo opinar, lo siento mucho”, indicó.
Al preguntársele sobre si la participación de empresas que se cuestionan por supuesto sobornos cuánto afectan un proceso electoral o manchan la imagen de una agrupación política, tampoco se quiso referir.
“Me gustaría mucho poder opinar porque me gustaría conocer las circunstancias de la empresa de un conjunto determinado. No recuerdo la empresa, pero si participan y tienen mala reputación en el momento de la campaña, creo que sería injusto generalizar”, expresó.
Negocio
Carlos Roverssi, ministro de Comunicación en la administración de Laura Chinchilla, indicó que la compra de bonos de las empresas a las agrupaciones políticas representa un negocio.
Roverssi aclaró que el aporte no se trata de una donación sino más bien de una compra de bonos, en donde el Estado los hace y se los dan a los partidos políticos para que los vendan.
Para el exjerarca, el sistema debería entregar los dineros a los partidos políticos en función de la ley y no dar expectativa de derecho por medio de los bonos.
Sobre la obra cuestionada, aseguró que esta se negoció antes de la administración Chinchilla Miranda.
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