Gonzalo Koncke, jefe de despacho del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo durante su intervención que se “requiere la libertad de todos los presos políticos, el restablecimiento de libertades civiles y políticas, garantías para el retorno seguro de todos los exiliados, reformas y avances electorales de fondo que permitan una situación institucional nivelada con elecciones justas y transparentes con todos los elementos contenidos en la Carta Democrática Interamericana; (y) se necesitan reformas institucionales que permitan al país volver al estado de derecho”.
“La represión no puede existir bajo ninguna circunstancia, ninguna de las fases de represión es aceptable, contra todas aquellas hay que luchar, hay que seguir exigiendo que la represión cese”, señalo Koncke.
Por su parte, el embajador Salinas refirió que la situación nicaragüense es una preocupación para los Estados de la OEA, en particular para el Grupo de Trabajo para Nicaragua, a quien el régimen de Ortega impide el ingreso al país.
Respeto a los derechos ciudadanos
“El tema de Nicaragua está dentro de la agenda de la Asamblea General de la OEA, a realizarse en Medellín, Colombia. El proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la aplicación del artículo 20, de este instrumento, constituye un aspecto fundamental de la acción de los Estados miembros con relación a la situación de Nicaragua”, subrayó Salinas.
“El objetivo es el respeto a los derechos ciudadanos y el restablecimiento del Estado de derecho… lo que nos interesa es afincar una metodología que vaya en función del objetivo, que es el restablecimiento de las garantías en Nicaragua”, recalcó.
Salinas expresó que el Grupo de Trabajo aprecia la liberación de los presos políticos, pero a su juicio es una medida insuficiente.
El diplomático reiteró el compromiso de Chile, y también como del Grupo de Trabajo, que ve el tema de Nicaragua como sensible. “Este compromiso no va a ceder, va a continuar en la lucha por el restablecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos”.
Ley de Amnistía inadmisible
La comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo que la recién aprobada Ley de Amnistía es una ley ambigua, que no está clara “a quién va a beneficiar, tiene errores desde el punto de vista técnico-jurídico. Nuestra posición es que la Ley de Amnistía, respecto a graves violaciones a los derechos humanos, es inadmisible desde el punto de vista de los estándares interamericanos”. Recordó que desde marzo pasado el gobierno de Ortega viene liberando presos, pero los últimos fueron liberados en el marco de la Ley de Autoamnistía.
“No veo por qué necesito una Ley de Amnistía, me parece que hay una contradicción, si un acuerdo político lo pudo hacer, por qué al final hizo (el Gobierno) una Ley de Amnistía, no se entiende, y de acuerdo con la información que la Comisión maneja, existirían 88 personas que están detenidas y que serían presas políticas. En ese sentido, la Comisión hace un llamado a que las personas sean liberadas”.
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