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lunes, junio 10, 2019

Es hora de abrir un debate serio, con la participación la de sociedad civil, contra la corrupción

La corrupción es esencialmente el mal uso del poder que fue confiado a personas que fueron designadas para procurar un bien común y no el cumplimiento de agendas personales en beneficio propio o de familiares y amigos. 
Los funcionarios públicos ejercen siempre un poder delegado en una democracia, por ello, a mi parecer, el primer indicio de que hay problemas en el matorral de una mente, es el envanecimiento o mareo por el haber sido designado en un puesto de cierta importancia. El diablo está en los detalles. 
La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público tramita una denuncia por el nombramiento irregular del Director Jurídico de la municipalidad de Goicoechea, Lic. Álvaro Salazar Castro, por el delito de corrupción en perjuicio de los deberes de la función pública, expediente 18-028611-0042-PE.  
La Auditoria Interna Municipal realizó un estudio llamado “Posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo recomendando la apertura de un procedimiento administrativo”, informe que fue remitido el 3 de agosto de 2017, mediante oficio MG-AI-234-2017 al Concejo Municipal trasladando la relación de hechos 002-2017, donde se recomienda la apertura de un procedimiento administrativo para la declaratoria de la nulidad absoluta , evidente y manifiesta del acto administrativo de 6 de agosto de 2016, basado en el oficio AG-004493-2016 del despacho de la Alcaldía, que instruye a la licenciada Arlene Cordero Fonseca, a realizar el nombramiento del señor Álvaro Salazar Castro, en la plaza en propiedad de director jurídico después de periodo de prueba a partir del 6 de agosto de 2016.  
En la sesión 32-2017 el Concejo Municipal estudió la relación de hechos de la auditoria y en la sesión ordinaria 36-2017 se acordó la apertura y conformación del órgano director, por supuesto no todos los regidores votaron a favor de que se realizará el órgano de procedimiento al director jurídico, no se sabe si por llevar la contraria a Auditoria, o si privó el compadrazgo.  
El acuerdo del Concejo Municipal se le comunicó a la alcaldía en el oficio SM-1523-2017.  
Lo curioso del asunto es que la Licda. Ana Lucía Madrigal, alcaldesa municipal, en el oficio AG-5357-2017, veta el acuerdo del Concejo Municipal y envía el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, todo indica que lo que busca es impedir que se aclaren los hechos y mantener a toda costa el puesto al señor Salazar Castro.  
El Tribunal Contencioso Administrativo, expediente 17-010147-1027-CA, rechaza el veto de la señora alcaldesa, por lo que ésta, no le queda más que nombrar del órgano de procedimiento al director jurídico.  
Pero, la administración a través de recursos e incidentes -dicen que supuestamente redactados por el mismo director jurídico- se intentó en tres ocasiones que el Tribunal les diera la razón de NO hacer el órgano de procedimiento y hasta el día de hoy no se tiene la certeza si se constituyó el Órgano de Procedimiento contra el imputado.  
Diligencias realizadas  
La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José en el informe 2129- F- SI, emitido el de 30 de octubre de 2018, indica que se conversó con el denunciante, quien manifestó que a lo interno de la municipalidad se realizó un concurso para el puesto de director jurídico y que una de las anomalías en el proceso del concurso fue que el señor Salazar Castro se encontraba incapacitado, por lo que la jefa de recurso humanos no sacó el concurso por ese motivo, acto que favoreció al señor Salazar Castro para participar en el concurso; aunado a eso, cuando se realizó el concurso, los tres participantes no cumplían con los requisitos, por lo cual por procedimiento y según la convención colectiva municipal , debió aberse publicado el concurso extremadamente para que la nómina estuviera constituida por una terna, acción que no fue realizada y esto provocó el nombramiento del señor Álvaro Salazar Castro, como director jurídico de la municipalidad, según el denunciante sin el debido proceso requerido.  
Todo indica que el puesto estaba reservado para el Lic. Castro Salazar.  
De lo antes expuesto se concluye que el nombramiento puede ser irregular por lo siguiente: Los aspirantes (La terna) al nombramiento en propiedad no cumplieron con el requisito de experiencia en manejo de personal, ante lo cual ninguno de ellos podía aspirar a la plaza en propiedad, aun así la Alcaldesa Municipal autoriza el nombramiento en propiedad del Abogado Álvaro Salazar Castro con la recomendación de la jefa de recursos humanos Arlene Cordero Fonseca, al nombrarlo en propiedad, no tomaron en cuenta el artículo 128 del Código Municipal, que dicta lo siguiente: “Al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberá llenarla de acuerdo con las siguientes opciones: a) Mediante ascenso directo del funcionario calificado para el efecto y si es del grado inmediato. b) Ante inopia en el procedimiento anterior, convocará a concurso interno entre todos los empleados de la Institución.  
En otras palabras, el concurso por fuerza de ley tenía que salir a concurso externo, claro está que los concursos externos en la Municipalidad de Goicoechea se realizan dependiendo de quién vayan a nombrar, si es allegado a la Alcaldesa Municipal a toda costa se nombra en propiedad a través de concurso interno, como es este caso del nombramiento en propiedad del Lic. Álvaro Salazar.
Me llama poderosamente la atención que el Lic. Álvaro Salazar estuvo suspendido como Notario Público por algo indebido y la Alcaldesa Municipal lo sabía, esperamos que cuando se realizó su nombramiento a todas luces ilegal haya cumplido la sanción interpuesta por la Dirección de Notariado.
Causa extrañeza que el asunto no camina en la Fiscalía a cargo del caso, en el informe 2129- F- SI, emitido el de 30 de octubre de 2018 los investigadores del caso solicitan se gire una orden de allanamiento, registro y secuestro en la municipalidad de Goicoechea, en un plazo razonable y al día de hoy no se ha dado esa orden.  
Claro no es de asustarse con esto, nuestro sistema judicial no cumple con el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida, quien sabe cuándo van proceder, o será que hay una mano negra que está atrasando el caso; esto por cuanto los ciudadanos no confían en nuestro sistema judicial, será que en la Municipalidad de Goicoechea se utiliza el dicho: “no hay problema yo hablo con el fiscal o el juez según sea el caso que se ventile”.  
Mientras tanto, en la alcaldía se irrespetan los acuerdos municipales y las resoluciones judiciales, cómo lo hacen, no lo sé.
Es hora de abrir un debate serio, con la participación la de sociedad civil, y no sólo de los burócratas que justifican y perpetúan un sistema decadente, costoso y corrupto.  

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