La idea en este caso es identificar si hubo incumplimiento de deberes. “Se denota un atraso alarmante de las obligaciones impuestas a dicho ente regulador, en cuanto a las actuaciones que estaba realizando el Grupo Financiero Aldesa, el cual es regulado por dicha entidad pública”, se lee en el documento.
Se va a investigar si hubo actuación “dolosa o culposa” y desde cuándo tenía conocimiento el ente regulador del mercado de valores de los hechos que hoy se indagan.
¿Cuáles fueron las medidas llevadas a cabo por la Sugeval para mitigar el riesgo de confusión de los inversionistas ofendidos? es parte de lo que intentará averiguar la Fiscalía. ¿Ejerció la Sugeval su rol verdadero?, es otra de las interrogantes.
¿INFORMÓ DE MANERA FALSA?
Una parte de las actuaciones de la Fiscalía obedece a que Lucía Fernández, superintendente general de Valores, dio parte de irregularidades que detectó en Aldesa Puesto de Bolsa, pero desgraciadamente hasta finales de 2018, cuando el caso comenzaba a ventilarse en los medios.
“Javier Chaves conociendo de la insuficiencia de fondos que tenían las cuentas de su representada, extendía cheques a nombre de la Sociedad Aldesa Puesto de Bolsa, sociedad que conociendo la situación financiera de Aldesa Corporación de Inversiones, consentía dicha situación, y a finales de cada mes, informaba de manera falsa a la Superintendencia General de Valores, que los saldos en las cuentas por cobrar habían disminuido considerablemente a fin de mes. Saldos que los primeros dos días del siguiente mes volvían a aumentar”, indica el documento donde se justifican los allanamientos.
DETENIDO Y EN CUSTODIA
Chaves habría sido detenido y trasladado a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde esperaría para su indagatoria. La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó que tiene calidad de imputado.
La causa penal se abrió a raíz de una serie de denuncias e información dadas a conocer en las que figuran representantes del Grupo Financiero Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.
“Al imputado se le tomará la declaración indagatoria en dicha Fiscalía, con sede en el I Circuito Judicial de San José, y, posteriormente, se analizarán los peligros procesales existentes y eventual solicitud de medidas cautelares”, informó la oficina de prensa del MP al cierre de edición.Durante este lunes se realizaron las 12 diligencias de registro y secuestro de documentos. Pasadas las 4:30 p.m. únicamente continuaba activo el recabo de información en la Sugeval y las oficinas de Aldesa.
TRES DE LA NACIÓN
Entre las acciones operativas de registro se incluyeron nueve casas ubicadas en el Valle Central, pertenecientes a los gerentes de Aldesa. Entre estas figuran las de Eduardo Ulibarri, exdirector de La Nación; Luis Mesalles, economista y columnista en ese medio; y Mario Montealegre, directivo de La Nación S.A.
También los agentes ingresaron a la residencia de Chaves, ubicada en el exclusivo residencial Tamarindo, en Escazú, y a otras viviendas relacionadas con directivo del Grupo. (Ver recuadro)
Otro punto allanado fue el Grupo Sama porque ahí están las oficinas de Sama Puesto de Bolsa, adonde trasladaron algunos clientes de Aldesa Puesto de Bolsa durante la gestión de cierre de este último.
El Ministerio Publico informó que se decomisó prueba documental y digital. Los allanamientos corresponden a la causa 19-000157-1220-PE.
POR PUBLICACIONES DE “LA PRENSA”
Los elementos de prueba decomisados los estudiará el OIJ, que posteriormente enviará un informe a la Fiscalía.
Walter Espinoza, director de ese cuerpo policial, dijo que sobre la base de datos y denuncias publicadas en la prensa se conformó una plataforma de acontecimientos que probablemente podrían constituir delitos.
Se busca saber si hubo fraude o engaño en el manejo de los fondos. El jerarca no descartó el posible levantamiento del secreto bancario y bursátil.
Se abordó a la fiscala general Emilia Navas en una actividad pública, donde indicó que se inhibió de todo lo relacionado con Aldesa desde hace como 10 años porque su esposo Francisco Campos es abogado de Chaves.
EN SILENCIO
Se intentó conversar justamente con Campos, a su salida de las oficinas de Aldesa, pero indicó que de momento no se referiría al tema.
Mientras que María Morales, encargada de comunicaciones de Aldesa, solo indicó que a raíz de allanamiento a las oficinas “queremos comunicarles que estamos atendiendo los requerimientos de las autoridades en este momento y que, como lo hemos hecho siempre, estamos abiertos a colaborar con las autoridades con el afán de demostrar que actuamos apegados a la ética y a la ley”.
Por último, aseguró que después enviarían otra comunicación, pero eso no ocurrió.
HASTA 30 AÑOS POR ESTAFA
Se conversó con el reconocido penalista Ewald Acuña respecto a los presuntos delitos que la Fiscalía ha señalado en el caso Aldesa.
Estafa mayor: Se encuentra tipificado en el Código Penal e implica un máximo de hasta 30 años de cárcel. Ocurre cuando el monto del fraude superar 10 veces el salario base.
Administración fraudulenta: La pena es de hasta 30 años de cárcel y ocurre cuando se alteran contratos en perjuicio de quien los entregó en administración.
Libramiento de cheques sin fondo: Como su nombre lo dice, se da cuando se liberan cheques sin fondo.
Autorización y publicación de balances falsos: Se presenta cuando entidades que por ley están obligadas a publicar estados financieros periódicamente no lo hacen, los publican alterados o no responden a la realidad.
Autorización de actos indebidos: Se refiere a actos contrarios a la ley.
Incumplimiento de deberes: Tiene que ver con funcionarios públicos que hayan omitido o retardado actos propios de su cargo, relacionados con las autoridades de supervisión del sistema financiero, no con Aldesa.
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