LA VOZ DE GOICOECHEA.- Actividades contrarias al régimen democrático son cuestionadas por empresarios.
Albino Vargas, secretario de la ANEP.
Disolver el sindicato que dirige Albino Vargas podría tardar años, dependiendo de la complejidad del caso, el proceso y la carga laboral de los juzgados, entre otras variables.
Se requiere que los Tribunales de Justicia dicten una sentencia firme en contra de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) para que el Ministerio de Trabajo proceda a declarar ilegal a ese grupo de trabajadores.
Actividades contrarias al régimen democrático, como son los bloqueos, es lo que alega la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) para pedir la eliminación del sindicato de Vargas.
El Código de Trabajo, en su artículo 350, prohíbe a los trabajadores sindicalizados involucrarse en política, mezclar la religión con la labor sindical, o realizar actividades contrarias al régimen democrático. Este último punto, es lo que cuestiona el sector productivo.
Durante las protestas de los últimos días, el colectivo sindical, que incluyó a la ANEP, traileros, estudiantes, pescadores y otros grupos, realizó bloqueos que afectaron a miles de personas.
Entre las demandas de los manifestantes, destaca la “Defensa de los valores cristianos”, una moratoria del IVA por 18 meses, el despido de Édgar Mora como ministro de Educación y el rechazo a varios proyectos de ley, como el de educación dual y empleo público.
“El sector empresarial costarricense no puede seguir sufriendo los embates de la irresponsabilidad de unos cuantos, pues la imagen de nuestro país se daña cada día más y eso es irrecuperable ya que no genera confianza; por el contrario, generará más desempleo”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Uccaep, en la petitoria hecha al Ministerio de Trabajo.
Los bloqueos generan unos $10 millones en pérdidas al día por los productos que no se pueden exportar; a la vez que inciden directamente sobre el empleo de unos 250 mil trabajadores de zonas rurales, los cuales están ligados al sector exportador, según cálculos empresariales.
Mientras que no exista una sentencia en firme, el Ministerio de Trabajo no puede proceder con la disolución del sindicato, y una vez que se dé la declaratoria, no se puede recurrir a otra instancia, por lo que el gobierno daría por “cosa juzgada” el tema, y procedería a ejecutar lo resuelto por los tribunales, agregó Giovanny Díaz, vocero del Ministerio.
La denuncia presentada por la Uccaep en contra de la ANEP fue calificada como una “violación de la libertad sindical”.
“No está fundamentada en hechos concretos; por ende, pretender la disolución de un sindicato amparado en los intereses individuales de los empresarios es totalmente violatorio de la libertad sindical. El Estado costarricense, miembro de la Organización Internacional de Trabajo, tiene el deber legal, constitucional y moral de resguardar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, entre ellos, garantizar un ejercicio del derecho sindical acorde con los convenios y principios internacionales”, dijo Vargas.
ORIGEN DE LA DENUNCIA
Traileros, estudiantes, pescadores y sindicalistas se unieron para exigir las siguientes demandas al Gobierno de Carlos Alvarado, según el documento que socializó la Asociación Nacional de Empleados Públicos, bajo el nombre de Encuentro Social Multisectorial.
- Aprobar una moratoria de 18 meses para aplicar el IVA
- Atender problemática de Limón
- Brindar una solución a pescadores
- Defender Consejo Nacional de la Producción
- Defender valores cristianos
- Descartar planes de privatizar al ICE
- Desechar proyectos que restringen huelgas
- Devolver el Infocoop al Movimiento cooperativo
- Eliminar de corriente legislativa ley de “Crímenes de odio”
- Excluir a la policía de ley de Empleo Público
- Exonerar a municipios de regla fiscal
- Rechazar proyecto de Empleo Público y educación dual
- Regular tasas de interés de tarjetas de crédito
FUENTE LA REPUBLICA
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