El grupo conformado por representantes sindicales, del cooperativismo, agro, poblaciones rurales y estudiantiles pidió que de ahora en adelante, las sesiones se realicen en una sede neutral y una institución pública.
Además pretenden que el proceso de diálogo sea inaugurado en un acto oficial con presencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, y otras autoridades del Ejecutivo.
Así lo manifestaron en la primera reunión que se llevó a cabo avanzada la tarde en el Ministerio de Trabajo, en barrio Tournón, San José.
“Dada la crispación social de los últimos días, esta intensión de diálogo debe tener un acto de apertura oficial con la participación del propio presidente de la República, de las autoridades políticas a involucrarse en este proceso y de nuestras respectivas representaciones directivas que componen el Encuentro Social Multisectorial”, manifestó Ulises Blanco, vocero de poblaciones rurales.
La comitiva del Gobierno estuvo integrada por Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia; Juan Alfaro, viceministro de la Presidencia; Victoria Hernández, ministra de Economía; Daniel Soto, viceministro de economía; Renato Alvarado, ministro de Agricultura; Irene Campos, ministra de Vivienda; y Ricardo Marín, viceministro de Trabajo.
Entretanto, los integrantes de la mesa multisectorial son José Oviedo, del sector agro; Franklin Salazar, sector cooperativista; Kenneth Sánchez, movimiento estudiantil; Cesar López, representante sindical; y Ulises Blanco, de poblaciones rurales.
Sus primeras peticiones no hallaron respuesta todavía, pues según el ministro de la Presidencia, deben consultar al mandatario. La mesa multisectorial espera contestación es unas 24 horas.
Según Piza, “existe la mejor disposición de buscar la fórmula de común acuerdo". Además, dijo, a veces hay más “consensos que disensos”.
Las dos exigencias conocidas este jueves se suman a otras 18 planteadas el martes.
La primera de ellas era la salida de Edgar Mora como ministro de Educación, hecho que ocurrió el pasado lunes.
También están una moratoria de 18 meses del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que entró a regir ese mismo lunes y la “defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y la familia costarricense”.
Precisamente, el objetivo de este primer encuentro era traslardarle a la mesa multisectorial la posición del presidente Alvarado sobre esas peticiones.
“El presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo un análisis detallado de cada uno de los puntos, algunos de los cuales puede existir coincidencia y la carta así lo dice, como por ejemplo, el tema relacionado con la defensa del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) y del CNP (Consejo Nacional de Producción). En estos puntos el presidente ha trasladado al grupo que hay voluntad de diálogo”, manifestó el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro.
Sin embargo, hay otros puntos en los que no van a ceder, como es el caso de la reforma al empleo público que se impulsa en el Congreso.
Las posiciones del mandatario Alvarado fueron enviadas a la Iglesia católica, que figura como mediadora en este proceso de diálogo.
El secretario de la Conferencia Episcopal, Edwin Aguiluz, figura como mediador de este encuentro; mientras que la defensora de los Habitantes, Carolina Crespo, es garante.
Estos grupos plantearon al Gobierno las siguientes 18 exigencias:
- Salida de Édgar Mora como ministro de Educación.
- Una moratoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que entró a regir este lunes por 18 meses.
- Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y la familia costarricense por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos.
- Atención urgente a la problemática de transportistas.
- Atención urgente a la problemática de pescadores.
- Atención urgente a deuda de agricultores, problemas rurales, mercadeo integral de productos, seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.
- Tramitación urgente de proyectos contra intereses de usura.
- Retiro de la corriente legislativa de los proyectos de ley que afecten al sindicalismo.
- Retiro de la Ley Marco de Empleo Público de la corriente legislativa.
- Devolver el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo al movimiento cooperativo.
- Defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra la privatización del modelo eléctrico nacional promovida desde el ministerio de Ambiente y Energía y respeto a la autonomía institucional del ICE.
- Problemática de Limón e “ilegalidad” de APM Terminals por incumplimiento contractual respecto al interés publico y económico así como fortalecer la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
- Defensa y fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción.
- Atención a pliego de Cuerpos Policiales.
- Recuperación de la autonomía institucional del régimen municipal.
- Detener el despilfarro de dinero en el Ministerio de Educación Pública.
- Retiro del proyecto de educación dual en el Congreso y modificar pruebas FARO de secundaria.
- Impulsar un vigoroso plan de reactivación económica.
FUENTE LN
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