La huelga en el sector salud sigue. Ayer domingo hasta última hora de la tarde, los sindicatos y representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no retomaron las negociaciones para ponerle fin a una huelga que ya lleva una semana.
La búsqueda de un acuerdo se suspendió el pasado sábado alrededor de las 9:40 p.m. y desde entonces está en “pausa”.
Este domingo, Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines expresó que el grupo sindical está a la espera de que el Gobierno los convoque y que continúan pidiendo que se respeten los acuerdos de los sindicatos con las autoridades de la CCSS.
“Los motivos obedecen al incumplimiento de los acuerdos del mes de febrero. Pactamos la implementación de la ley.
Lo que sucede es que viene un segundo decreto que cercena los derechos adquiridos”, explicó Hernández.
El representante explicó que la posición del bloque sindical es acorde con el criterio del Director Jurídico de la Caja que manifestó que con el nuevo decreto se afectan los derechos adquiridos de los trabajadores. “No nos estamos inventando los criterios, coincidimos con los criterios de la Caja. Estamos a la espera de que se abran las puertas de negociación”, aseguró.
Un criterio jurídico de la Unidad legal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconoce que un decreto publicado el 22 de mayo del 2019 afecta los derechos adquiridos de los funcionarios de la institución.
Este decreto promulgado por el Ministerio de Planificación se trajo abajo los acuerdos que había alcanzado la entidad con los gremios sindicales, basados en un reglamento del plan fiscal elaborado en febrero del 2019.
Así lo concluye el criterio legal firmado por Gilberth Alfaro, Director Jurídico, quien incluso recomendó al Poder Ejecutivo implementar una normativa transitoria en donde se respeten los acuerdos establecidos previamente.
“En consecuencia, respetuosamente se recomienda, plantear a las autoridades del Poder Ejecutivo, valorar la posibilidad de la emisión de una norma transitoria complementaria al último decreto emitido, en que se establezca el respeto a la validez y vigencia de aquellos acuerdos que se hubiesen emitido mientras estuvo vigente el Decreto N° 41564-MIDEPLAN- H (18 de febrero de 2019), en el tanto se hubiesen ajustado a dicho Decreto”, señala el documento.
Según los sindicatos, esta recomendación fue ignorada, por lo que los derechos adquiridos de los funcionarios se ven directamente afectados.
El acuerdo del 20 de febrero En el documento se deja claro que basados en la normativa vigente se estableció un diálogo entre el Presidente Ejecutivo de la Caja, gerentes y sindicatos que culminó con la suscripción del acta de acuerdos con temas como anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses salariales, dedicación exclusiva, prohibición entre otros.
También se dice que este acuerdo llevó a que se “generara un buen ambiente laboral de paz y tranquilidad a lo interno de la Institución, ante la incertidumbre y dudas que habían surgido entre los trabajadores, con las nuevas disposiciones en materia de empleo público”.
La reforma del Ejecutivo 3 meses después cuando todo parecía en paz, 3 meses después de la emisión del Reglamento del 18 de febrero de 2019, se publicó una reforma a ese Reglamento por medio del Decreto Ejecutivo N° 41729- MIDEPLAN-H a la Ley N° 9635.
Esto hizo que se establecieran “nuevas disposiciones en lo referente al incentivo de anualidad y la conversión de incentivos a montos nominales fijos, tanto los ya recibidos previo a la vigencia de la citada Ley, como los que se adquieran posterior a su vigencia”. “Estas modificaciones vienen a variar parte de los acuerdos que se suscribieron con los representantes sindicales, lo cual implica que la Institución y los propios gremios suscribientes quedaran en una situación de incerteza jurídica ante estas nuevas disposiciones”, señaló el director jurídico.
FUENTE CRHOY
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