LA VOZ DE GOICOECHEA.- “A pesar de la normativa existente para la adquisición de bienes y servicios, los procesos de contratación administrativa son vulnerables a prácticas fraudulentas y a posibles actos de corrupción”.
Esa es una de las conclusiones del Informe de Auditoría sobre el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios en el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), hecho por la Contraloría General de la República (CGR) entre el 2017 y 2018
Durante la evaluación se comprobaron las omisiones de documentos relevantes dentro del expediente electrónico, por ejemplo, facturas, recepción provisional y definitiva e información duplicada.
No hay control con “documentos de las diferentes fases del proceso de contratación que se incluyen en el apartado denominado “documentación relacionada” el cual, es utilizado como un repositorio de información sin control alguno, lo que dificulta localizar la información y tener certeza de si el expediente está completo y actualizado”, cita el informe de la CGR.
“Asimismo, se determinó que el COSEVI no ha realizado un análisis de riesgos del proceso de contratación administrativa en sus diferentes fases que le permita identificar de manera oportuna los riesgos que enfrenta dicho proceso, de manera que pueda controlar o mitigar sus efectos, cita el ente contralor.”
Por otra parte, se evidenció la ausencia de documentos correspondientes a la decisión inicial en el proceso de planificación contractual del COSEVI, tales como la elaboración de un cronograma con las actividades, plazos y responsables de la ejecución de los contratos, la definición de los procedimientos de control de calidad a aplicar en la ejecución contractual y el estudio de razonabilidad de precios que contenga los márgenes de aceptación de precio ruinoso y excesivo.
Otra “práctica” que preocupa, es que un expediente inició con la información del cartel y no con los documentos correspondientes a la decisión inicial, tal y como lo establece la normativa.
A lo anterior también se le deben deficiencias en las especificaciones técnicas, así como en los estudios técnicos que estos realizan, situación que incide en los plazos del proceso de contratación, esto por cuanto conlleva la interposición de recursos de objeción y solicitudes de aclaración al cartel por parte de los proveedores, además de recursos de apelación a los actos de adjudicación.
Por si fuera poco, se comprobó que hay procedimientos contractuales que tienen hasta 16 versiones del cartel de una misma limitación.
En el documento de la Contraloría se concluye que, “las deficiencias señaladas no solo afectan principios elementales como lo son la transparencia y la rendición de cuentas, sino que inciden en los plazos del proceso de contratación, lo cual tiene una afectación directa en las compras de bienes y servicios que se traducen, en servicios públicos que no son recibidos de manera oportuna por la sociedad”.
Durante la evaluación se comprobaron las omisiones de documentos relevantes dentro del expediente electrónico, por ejemplo, facturas, recepción provisional y definitiva e información duplicada.
No hay control con “documentos de las diferentes fases del proceso de contratación que se incluyen en el apartado denominado “documentación relacionada” el cual, es utilizado como un repositorio de información sin control alguno, lo que dificulta localizar la información y tener certeza de si el expediente está completo y actualizado”, cita el informe de la CGR.
“Asimismo, se determinó que el COSEVI no ha realizado un análisis de riesgos del proceso de contratación administrativa en sus diferentes fases que le permita identificar de manera oportuna los riesgos que enfrenta dicho proceso, de manera que pueda controlar o mitigar sus efectos, cita el ente contralor.”
Por otra parte, se evidenció la ausencia de documentos correspondientes a la decisión inicial en el proceso de planificación contractual del COSEVI, tales como la elaboración de un cronograma con las actividades, plazos y responsables de la ejecución de los contratos, la definición de los procedimientos de control de calidad a aplicar en la ejecución contractual y el estudio de razonabilidad de precios que contenga los márgenes de aceptación de precio ruinoso y excesivo.
Otra “práctica” que preocupa, es que un expediente inició con la información del cartel y no con los documentos correspondientes a la decisión inicial, tal y como lo establece la normativa.
A lo anterior también se le deben deficiencias en las especificaciones técnicas, así como en los estudios técnicos que estos realizan, situación que incide en los plazos del proceso de contratación, esto por cuanto conlleva la interposición de recursos de objeción y solicitudes de aclaración al cartel por parte de los proveedores, además de recursos de apelación a los actos de adjudicación.
Por si fuera poco, se comprobó que hay procedimientos contractuales que tienen hasta 16 versiones del cartel de una misma limitación.
En el documento de la Contraloría se concluye que, “las deficiencias señaladas no solo afectan principios elementales como lo son la transparencia y la rendición de cuentas, sino que inciden en los plazos del proceso de contratación, lo cual tiene una afectación directa en las compras de bienes y servicios que se traducen, en servicios públicos que no son recibidos de manera oportuna por la sociedad”.
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