Se trata de una norma que buscaba ajustar los alcances del protocolo ya existente desde 2015 sobre InterrupciĂ³n Legal del Embarazo (ILE). En un paĂs donde el aborto voluntario aĂºn es penalizado, esta disposiciĂ³n daba un marco legal para la prĂ¡ctica mĂ©dica en casos en que la salud de la mujer estuviera en riesgo, o en que el embarazo hubiera sido producto de una violaciĂ³n.
No obstante, solo 11 de las 24 provincias en que se divide Argentina lo aplican, dado que cada distrito tiene su legislaciĂ³n, y muchos gobiernos locales no avalan el aborto, ni siquiera ante situaciones como las mencionadas.
"Tiene que ser actualizado, es una guĂa de prĂ¡ctica mĂ©dica de lo que se tiene que hacer para cumplir con la ley", dijo GonzĂ¡lez GarcĂa en 'Radio con vos'. Y luego agregĂ³: "vamos a hacerlo, es una manera de que [los profesionales de la salud] se sientan un poco mĂ¡s protegidos de estos locos que no quieren que se cumpla con la ley".
En la primera entrevista que el futuro funcionario dio tras haber sido confirmado para el cargo por el presidente electo, Alberto FernĂ¡ndez, el hombre que gestionarĂ¡ la salud a nivel nacional adelantĂ³ que serĂ¡ prioridad para Ă©l avanzar en la despenalizaciĂ³n del aborto, cuyo proyecto de ley fue rechazado en el Congreso Nacional el año pasado, tras un largo e intenso debate.
"Vamos a tener que luchar contra todas las dificultades que hay, contra los que se oponen a cuestiones de derechos, sobre todo, de las mujeres mĂ¡s dĂ©biles, que en algunos casos hasta pagan con su vida. HabrĂ¡ cumplimiento de la ley", prometiĂ³.
GinĂ©s GonzĂ¡lez GarcĂa ya habĂa ocupado el puesto de ministro de Salud durante el gobierno de NĂ©stor Kirchner (2003-2007).
La historia del protocolo
El protocolo apareciĂ³ publicado en el BoletĂn Oficial a mediados de noviembre, firmado por el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. La noticia sorprendiĂ³, nadie se la esperaba.
Se trataba de una resoluciĂ³n que precisaba determinados aspectos para que no hubiera "vacĂos" en los que profesionales de la salud pudieran ampararse para no cumplimentar el derecho a la InterrupciĂ³n Legal del Embarazo (ILE), como la objeciĂ³n de conciencia (negativa del profesional por motivos personales o religiosos).
Le decisiĂ³n generĂ³ una grieta dentro el gobierno saliente y hubo algunas horas de dudas y confusiĂ³n, hasta que Macri lo anulĂ³ formalmente. Horas despuĂ©s, Rubinstein renunciĂ³.
Sobre esto, GinĂ©s dijo que se tratĂ³ de "un episodio lamentable, producto de una especulaciĂ³n polĂtica bastante absurda".
El documento
El protocolo se trataba de los "derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud", repasaba la situaciĂ³n del aborto en el mundo y en el paĂs, describĂa el marco teĂ³rico, indicaba las causales (salud o violaciĂ³n) y precisaba cĂ³mo debĂa ser el abordaje del equipo y el procedimiento concreto para realizar la interrupciĂ³n del embarazo.
Era federal (servĂa para aquellas provincias que todavĂa no tienen un protocolo similar), buscaba evitar muertes maternas (al menos 22.800 mujeres fallecen cada año debido a 'complicaciones de abortos inseguros') y limitaba la objeciĂ³n de conciencia, entre otras cosas.
El debate sobre el aborto en Argentina ha sido clave durante los Ăºltimos años. En 2018, una ley por el aborto legal, seguro y gratuito logrĂ³ la media sanciĂ³n en la CĂ¡mara de Diputados pero tuvo un freno en el Senado. Desde entonces, el tema estĂ¡ instalado en la agenda polĂtica.
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