Por Luis Jiménez
En esa fecha, vencerá el contrato de concesión que el Estado sostiene con la empresa española desde 2002 para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) de la flotilla de automotores existe en el país. Desde entonces, Riteve es la única empresa autorizada para ofrecer el servicio de inspección que se instauró como requisito para circular en las carreteras.
Originalmente el vínculo contractual era de 10 años, pero, en el 2012 se prorrogó por una década más.
RTV cuenta con 17 estaciones en todo el territorio nacional (13 fijas y 14 móviles).
El contrato entre Riteve y el Estado vence el 15 de julio de 2022; a hoy, nadie sabe cuál es el plan del gobierno.
El MOPT, indico que “Actualmente, se continúa con las acciones correspondientes para definir el futuro del servicio de RTV. Próximamente, se llevará a cabo una reunión con la Contraloría General de la República (CGR) que permitirá enriquecer la ruta a seguir para la futura contratación. Una vez que se realice esta reunión se podrá contar con algunos elementos adicionales y así brindar una información más detallada sobre el proceso”, puntualizó el viceministerio.
La prórroga firmada en 2012 estipula que con el vencimiento de la concesión el Estado se apropiaría de las estaciones propiedad de la empresa europea (en ese año fueron valoradas en $25 millones).
Los inmuebles fijos de Riteve están ubicados en:
- Heredia,
- San José Norte (Santo Domingo de Heredia),
- San José Sur (Alajuelita),
- Cartago,
- Alajuela,
- San Carlos,
- Puntarenas,
- Liberia
- Cañas,
- Nicoya,
- Guápiles,
- Limón
- Pérez Zeledón
La Contraloría General de la República, advirtió que MOPT y Cosevi no tienen aún un plan ante el fin de contrato con Riteve. La CGR remitió en julio un informe con una advertencia clara al MOPT y al Cosevi por la ausencia de “elementos mínimos en la planificación y la estrategia en la continuidad del servicio” de la RTV.
Entre las falencias detectadas destacaron: no había fijación de metas, objetivos e indicadores en la estrategia, no había cronogramas actualizados y oficializados, no hay datos para la toma de decisiones y no había análisis para la valoración de riesgos. Además, se detectó un faltante de información sobre la fuente del financiamiento y el presupuesto asignado para la etapa de cierre; tampoco había criterios para la recepción y la validación de la información, y para analizar los riesgos.
Tras recibir la advertencia, el Cosevi aseguró a la CGR que existe una clausula contractual (la 13.4) que indica que el contrato debe mantenerse hasta que ingrese otro prestatario. Sin embargo, para el ente contralor, “la vigencia del contrato está pactada y definida en las cláusulas 4.1 y 4.2, y es de 10 años a partir del inicio de operaciones con una única prórroga de 10 años adicionales, siendo su vencimiento definitivo el 15 de julio del año 2022”.
“Mantener una empresa (en monopolio) es prácticamente imposible porque la norma (Ley de Tránsito vigente desde 2012) establece que tienen que ser varias.
Cuando hablamos de plural tienen que haber 2, 3 o 4. La intención gubernamental es aumentar posterior a julio de 2022.
Existe una necesidad de incrementar la capacidad de atención en estaciones ubicadas lejos de la Gran Área Metropolitana (GAM).
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