Por Dr. Ronald Arrieta Calvo
LA VOZ DE GOICOECHEA.- El pasado lunes 25 de octubre el Concejo sesionó en vano. La larga lista de dictámenes no pudo ser atendida. Ni un solo dictamen pudo ser sometido a discusión, gracias a la confusión obstaculizadora que generaron el abogado asesor legal Mariano Ocampo y la abogada regidora Lillian Guerrero cuando se iba a nombrar secretaria ad hoc para la sesión. Ambos presentaron argumentos absurdos y alambicados, que fueron aceptados acríticamente por el resto de regidores y regidoras de la oposición al PLN.
Prueba de esto fue que el mismo procedimiento de nombramiento ad hoc, este lunes 1° de noviembre, al ser presentado por Carlos Murillo (PUSC) fue mansa, servil y menguadamente aprobado sin objeción alguna.
Lo que más llama la atención es que cuando Murillo comete graves ilegalidades de procedimiento, tanto el abogado asesor legal como la abogada regidora Guerrero dejan sus títulos en la casa y no se atreven a increpar y mucho menos apelar las acciones de Murillo tal y como lo establece el inciso d) artículo 27 del Código Municipal.
Ilegalidad N° 1: Murillo ordena no leer las razones por las cuales el alcalde interpuso un segundo veto a una decisión del Concejo. Quedaban aún hora y media de sesión, tiempo de sobra para haber procedido a la lectura como lo exige la ley.
Ilegalidad N° 2 Murillo presenta una moción para nombrar a una persona con recargo en puesto de secretaría del concejo municipal que no cumple con los requisitos sin justificar las razones para levantar ese requisito, tal y como lo exige un acuerdo tomado por este Concejo hace aproximadamente 9 meses. (Sesión N° 07-2021, celebrada el día 15 de febrero de 2021, Artículo VI.I)
Amoralidad N° 1. A pesar que restaba una hora de sesión y existiendo gran cantidad de dictámenes urgentes de resolver el presidente la da por finalizada y así nuevamente el Concejo no cumple ni siquiera con el mínimo exigible: sesionar: al menos dos horas y media por semana. En contraparte cada regidor(a) recibe una dieta por sesión de aproximadamente ₡ 100.000, es decir, ₡ 40.000 por hora. Esto sin tomar en cuenta los costos de sus asesores, departamento de secretaría del Concejo, secretaria y asesor exclusivo para el presidente. El Concejo Municipal en su totalidad cuesta a los contribuyentes aproximadamente unos 2 mil millones de colones anualmente. Esto sin contemplar el lujo exigido por Murillo de contar con amplia oficina y secretaria exclusiva. Lujo que ningún otro presidente se había permitido. Pero lo más grave es que nada de estos lujos se ve reflejado en la labor de dirigir correctamente la gestión del Concejo Municipal.
El monto no es lo más preocupante. Lo más preocupante es la calidad del trabajo que están haciendo, el tiempo que se hace perder a otros funcionarios para corregir los errores que cometen, la inseguridad jurídica que crean y peor aún, el descuido de los problemas esenciales que aquejan al Cantón y el daño psicológico que producen en el personal municipal, así como el desencanto y la frustración de la ciudadanía que se refleja en su gran desidia a participar en política cantonal y nacional.
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