Por Luis Castrillo, Periodista y Politólogo, UCR
LA VOZ DE GOICOECHEA- Esta semana miles de niños y jóvenes estudiantes de primaria y secundaria iniciaron el curso lectivo, esta vez en la modalidad presencial luego de muchos meses de enseñanza virtual debido a la Pandemia de COVID-19.
La vuelta a clases implica un enorme desafÃo de salud pública, pero especialmente para las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los docentes, quienes deberán hacer gala de todo su talento para superar lo que el Estado de la Nación califica como un “apagón educativo” en referencia al tremendo daño que la emergencia sanitaria ha ocasionado en los procesos de aprendizaje.
Pero a decir verdad parece que en la frondosÃsima burocracia del MEP, con miles de empleados en oficinas muchas de ellas prescindibles, las soluciones llegan con una lentitud exasperante porque la comunidad de Playa Brasilito suma 10 años esperando una escuela nueva tras la clausura de la anterior estructura dañada irremediablemente por el Terremoto de Nicoya en el 2012.
Desde entonces ha pasado todo ese tiempo, pero el Ministerio es incapaz de construir apenas tres aulas y unos cuantos baños; no obstante, las decenas de gestiones de unos padres de familia que deben presenciar el triste espectáculo de ver como esa entidad pisotea todas las Convenciones de los Derechos de la Niñez.
Una negligencia de esa magnitud raya en lo criminal porque tampoco estamos hablando de que Brasilito ocupa una mega estructura educativa de proporciones monumentales que requiere de cientos de miles de millones de colones y legiones enteras de obreros como si fueran a levantar las Pirámides de Egipto.
El Canal de Panamá, una de las obras de ingenierÃa más portentosas del mundo, se culminó en una década, pero en ese tiempo el MEP sigue enredado en una maraña de trámites interminables, sin que a la fecha se haya movido un solo metro cuadrado de tierra para iniciar la obra en esa localidad de Santa Cruz.
Los niños de Brasilito han recibido lecciones en condiciones deplorables, indignas para un paÃs que se precia de tener a la educación como un vehÃculo de movilidad social pero que; además, se encuentra consignada en la Constitución PolÃtica como “gratuita y obligatoria”.
Ojalá que algún dÃa los funcionarios del MEP se acuerden que la ciudadanÃa –vÃa impuestos- paga sus jugosos salarios y que; por eso, están obligados a trabajar con prontitud y eficiencia porque al menos en el caso de Brasilito parece que marchan en el sentido contrario.
Es decir…¡A pura reversa!
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