LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- El Poder Judicial consolida esfuerzos en la profesionalización del proceso de selección de jueces de la República, así se evidenció en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022.
El estudio investigativo destacó la sólida estructura normativa con la que cuenta el país, para priorizar criterios de idoneidad y cualificación profesional para seleccionar a las personas que administrarán justicia.
Además, la valoración de atestados, la experiencia y la trayectoria académica, son aspectos decisivos para la partición en el proceso de reclutamiento al cargo de juez o jueza, así se destacó en el Capítulo 3 del citado informe, denominado: Gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial.
La prioridad institucional en los concursos para designar a las personas que formarán parte de la judicatura se prioriza en aspectos académicos, socio laboral, carrera profesional, que son evaluados por una unidad de reclutamiento mediante parámetros técnicos.
En la investigación se señaló que “los magistrados y las magistradas –o el Consejo Superior– únicamente designen entre la lista de las personas mejor evaluadas. Esto reduce la arbitrariedad y hace que la escogencia se realice entre las candidaturas con los niveles más altos de idoneidad”.
En materia de nombramiento de jueces, la institución ha avanzado notoriamente, así como en otros tipos de nombramiento que le corresponde a la Corte Plena y Consejo Superior.
El informe destaca las acciones emprendidas por el Poder Judicial que han hecho más visible el proceso y que han buscado una mayor participación de la sociedad civil.
Como parte de las conclusiones se destaca la importancia de la independencia judicial tanto en la magistratura como en la judicatura. Para lograr esta independencia, los investigadores señalan dos elementos esenciales: la idoneidad de los oferentes y la transparencia con la que son nombrados.
El Informe enmarca la importancia de la selección de los miembros de la judicatura como una acción fundamental para asegurar un sistema político democrático costarricense, en donde la competencia para resolver los conflictos entre las personas o entre las personas y el Estado u otras entidades con personalidad jurídica recae en el Poder Judicial.
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