LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alberto Cabezas).- “El día de hoy me gustaría hablarles de una situación que creo que es agravante, no solamente para nuestro país, pero también para nuestra región, y es el tema crítico de los presos políticas en Nicaragua. Hoy en día, estamos hablando de aproximadamente ciento noventa personas que están injustamente encarceladas en Nicaragua, violentándose sus derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a ver a sus familias”, precisó la Diputada Priscilla Vindas.
“Estamos hablando de personas que llevan ya más de un año incomunicadas de sus familias, estamos hablando de Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, madres quienes no han podido ver a sus hijos e hijas pequeñas, y que han sido sometidas a tortura, porque no tiene otra palabra lo que les está pasando a las personas presas políticas en Nicaragua”, puntualizó.
“De este grupo de personas, de ciento ochenta personas, ciento noventa personas aproximadamente, veintiuno por ciento fueron condenadas por supuestos delitos asociados al terrorismo; treinta y cuatro, por delitos comunes infundados, la mayoría son personas excarceladas políticas; y once por ciento son supuestos delitos graves”, agregó.
Con esta líder legislativa conversó el Periódico La Voz de Goicoechea.
¿Como las características de las personas que supuestamente sufren persecución del gobierno de Nicaragua?
Dentro de este grupo hay personas adultas mayores, sobrevivientes de cáncer, hay personas que, pues, han sido activistas y han sido pues realmente activistas por los derechos humanos en Nicaragua y que hoy están presos simplemente por alzar la voz contra Daniel Ortega Saavedra.
Y también dentro de este grupo de personas presas políticas, quiero mencionarlo acá el día de hoy, está mi amiga Samantha Padilla Jirón, nicaragüense, joven de veintidós años, que simplemente por alzar la voz como lo he hecho muchas veces yo, acá y en otros espacios, hoy está presa por el régimen Ortega-Murillo.
¿Costa Rica debe garantizar los derechos humanos fuerte de las fronteras costarricenses?
Claro, Costa Rica es un país democrático, también tiene que garantizar los derechos humanos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y llamar activamente a que se respeten los derechos humanos.
¿Nicaragua está desacatando las disposiciones internacionales de la OEA?
Nicaragua se retiró del sistema de la OEA hace ya, bueno, el año pasado; sin embargo, este retiro no surte efecto hasta noviembre del 2023, por lo cual, en este momento están incumplimiento y vulnerando abiertamente el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
¿Algunos nicaragüenses según su criterio han tenido que emigrar?
En efecto, estamos hablando de personas que se han visto obligadas, forzadas a migrar, han dejado absolutamente todas sus vidas y esto implica también a personas de la tercera edad que simplemente por hablar en contra del régimen dictatorial de Ortega, en este momento están refugiadas en nuestro país o, en realidad, en solicitud de refugio.
Eso también afecta particularmente a las comunidades de acogida, de recibimiento en Zona Norte, por ejemplo, afecta la seguridad, porque estas personas son vulnerables a la trata de personas, son vulnerables a las estafas y esto también pone en vulnerabilidad las comunidades fronterizas.
¿Qué llamado le hace al Poder Ejecutivo en relación con el gobierno de Nicaragua?
Que no apoye la candidatura del Gobierno de Daniel Ortega para dirigir el Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Es importante, también, que nuestras acciones vayan en una misma línea a la hora de actuar. No podemos validar este tipo de liderazgos dentro de nuestra región si nos decimos realmente un país democrático.
¿Debemos derivar los tabúes y reacciones xenofóbicas?
Tenemos la obligación de darles un trato digno y humano a las personas nicaragüenses, a nuestros hermanos que están el día de hoy acá, en búsqueda, primero, de salvaguardar su vida y de una mejor calidad de vida también.
No olvidemos que estas son las personas que suplen esta mano de obra tan importante en la agricultura, en el cuido, en la construcción, entre otros sectores. Es importantísimo que estas personas tengan un piso mínimo de derechos humanos, que se les respete su integridad, que tengan el acceso a un proceso de regularización adecuado, ágil, oportuno y ojalá menos costoso.
Porque no es solamente el proceso de regularizarse acá, sino mandar a traer documentos a su país de origen, que por cierto, muchas veces se les niega por el país de origen, como, por ejemplo, pasa en el caso de Nicaragua que se les niega ad portas este tipo de documentos, son personas que merecen acceso a la salud, a la educación, a trabajo digno y es por eso que tenemos que fortalecer los vínculos con los gobiernos locales como ya hemos tenido casos de exitosos en Upala, en Los Chiles, que los mismos gobiernos locales han sido activos y partícipes de centros de acogida de personas migrantes para garantizar un piso mínimo de Derechos Humanos.
¿De qué se trató la conferencia del jueves 7 de Julio en relación con los migrantes donde usted participó?
Esta la impartimos donde estuvo distintos sectores de la población nicaragüense refugiada en Costa Rica que van a denunciar la situación de los presos políticos que sabemos que están sometidos a tratos inhumanos como lo es completo aislamiento como les decía, aislamiento de sus familias, incomunicación, exposición a la luz por extensos periodos o a la inversa estar en completa oscuridad, estamos hablando de que en el país vecino se violentan los derechos humanos a plena luz y nosotros tenemos que seguir denunciando esas barbaridades y esos atropellos.
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