LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Alberto Cabezas, periodista).- En un sorpresivo anuncio, el alcalde de Goicoechea, Rafael Vargas, presentó su renuncia al cargo, desencadenando una serie de interrogantes y controversias en la política costarricense.
Vargas, quien ha servido al público durante más de tres décadas, justificó su decisión citando su derecho a acceder a la pensión bajo el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El alcalde Vargas argumentó que después de cotizar durante 35 o 36 años al IVM, tenía todo el derecho de jubilarse y disfrutar de los beneficios que otorga el sistema de pensiones. Sin embargo, su renuncia ha coincidido con la implementación de reformas controvertidas al IVM, aprobadas en 2022 y programadas para entrar en vigor el 11 de enero de 2024.
Estas reformas, decididas por la junta directiva de la CCSS, eliminan la posibilidad de la pensión anticipada para los hombres y establecen que las mujeres deberán tener 63 años y 405 cuotas cotizadas para poder acogerse a esta opción. Además, se modifica el cálculo del salario de referencia, basándose en las 300 mejores cuotas aportadas por el trabajador a lo largo de su vida laboral en lugar de las 240 cuotas de los últimos 20 años.
La renuncia del alcalde Vargas ha provocado un debate en la opinión pública costarricense sobre si su decisión está relacionada con estas reformas. Vargas, en su declaración pública, negó cualquier motivo oculto detrás de su renuncia y subrayó que su objetivo principal era ejercer su derecho a la pensión, un derecho que había acumulado durante su larga carrera en el servicio público.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha tomado medidas enérgicas contra estas reformas y ha abierto la inscripción para el segundo grupo de trabajadores que desean unirse a un litigio internacional en curso contra las modificaciones al IVM.
Según Guido Fallas Monge, fiscal general de la ANEP, este proceso busca proteger los derechos de aquellos que están a punto de jubilarse y se verán afectados por las nuevas regulaciones.
En junio, un primer grupo de 613 personas se unió a esta iniciativa, presentando una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del Instituto Interno de Responsabilidad Social contratado por la ANEP.
La controversia también ha llegado a los organismos internacionales de derechos humanos, ya que la ANEP planea presentar una denuncia por presunta violación de los derechos de los trabajadores ante instancias internacionales. El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, señaló que están evaluando las opciones para llevar adelante esta acción.
Hasta la fecha, no ha habido diálogo entre la ANEP y la Caja Costarricense de Seguro Social ni con el Estado costarricense en relación con estas reformas, lo que subraya la tensión y la división que rodean este tema.
La renuncia del alcalde Vargas y las reformas al IVM han dejado en evidencia una creciente preocupación en Costa Rica sobre el acceso a la seguridad social y la protección de los derechos de los trabajadores, lo que podría llevar a una mayor discusión y acción en los próximos meses.
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