LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaà Jara, periodista).- En la presente semana, al menos dos proyectos de ley, el 23101 y 23575, han generado preocupación al intentar realizar modificaciones que permitirÃan a los banqueros y empresas de electrodomésticos revertir avances regulatorios significativos. Estas propuestas podrÃan cargar a los consumidores solventes con los costos de aquellos que incurren en impagos.
Aprovechando el contexto de los préstamos "gota a gota" y su contribución al clima de inseguridad económica, se ha advertido que algunos sectores bancarios estarÃan presionando en la Asamblea Legislativa para desmantelar la legislación que regula la usura en el paÃs, asà como las restricciones en el cobro por el uso de datáfonos.
A través de una intensa actividad de lobby entre diputados afines, los banqueros buscan diluir la efectividad de la ley contra la usura, proponiendo modificar el ArtÃculo 243 del Código Penal mediante el Proyecto 23101. De manera similar, el Proyecto 23575 pretende incrementar drásticamente las tasas máximas de interés y los montos de crédito permitidos a estas tasas, posibilitando que las tiendas de electrodomésticos cobren tasas del 70% o más, con especial impacto en las mujeres.
Otro objetivo de estas iniciativas es liberar las comisiones de los datáfonos, argumentando la necesidad de ajustar las tarifas a los estándares internacionales de transacción.
El grupo Puentes, una coalición multipartidaria, ha redactado un documento firmado por más de 40 lÃderes socialdemócratas dirigido a al menos 14 diputados de diferentes fracciones legislativas. En este documento se alerta sobre los proyectos de ley que podrÃan derogar los avances en la protección de los consumidores financieros en el paÃs.
El texto subraya la importancia de combatir el préstamo "gota a gota" como una forma de usura en el sistema informal. Se destaca la necesidad de clarificar la figura de la usura en la legislación para luego calificar las conductas asociadas, asà como regular las ganancias de los acreedores para evitar ventajas pecuniarias desproporcionadas.
Se resalta que la Ley No. 9859, promulgada en junio de 2020, proporciona los parámetros necesarios para evitar los intereses desproporcionados y constituye una herramienta para los deudores frente a créditos usureros. Además, se sugiere que la determinación de la razonabilidad de los intereses se realice mediante parámetros estadÃsticos respaldados por el Banco Central.
En contraposición a las propuestas de los banqueros, se plantean alternativas para combatir el préstamo "gota a gota", incluyendo mantener el artÃculo 243 con su redacción actual y agregar una modalidad agravada de usura. También se sugiere simplificar el delito de usura remitiéndolo al lÃmite fijado por el Banco Central, con penas más severas para los delitos asociados.
El documento concluye con la invitación a los diputados a considerar estas alternativas como opciones viables en la discusión legislativa actual, proporcionando propuestas de redacción para su revisión por especialistas en Derecho Penal.
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