Todos estos cambios, empezando por la reforma tectónica de más de 100 artículos de la Constitución Política, blindan la perpetuación de la dinastía familiar, entierra la separación de poderes, y legaliza lo que sucedía de facto desde las protestas sociales de 2018: la sumisión total de las fuerzas armadas al Ejecutivo y la imposición de un Estado represivo catalogado por organismos de derechos humanos y opositores como “totalitario”.
Adicionalmente a las "nuevas leyes", se han venido dando detenciones indiscriminadas y hasta sin sustento.
Y si bien han reportado arrestos en al menos diez departamentos del país, León ha sido uno de los más afectados. Desde la noche del viernes 22 inició la cacería de personas, eminentemente activistas, académicos y periodistas.
En la mayoría de los casos, los familiares se encuentran en un estado de conmoción, desespero y terror, al desconocer hacia donde se llevaron a sus parientes sin que exista una explicación hasta este momento.
“Además de las detenciones injustas, las autoridades tratan con saña a los familiares, les niegan información sobre el paradero de las personas detenidas y las desaparecen por días. Esta estrategia alimenta la desinformación, creando un ambiente de angustia y zozobra. “Esta situación evidencia la falta de respeto por los derechos humanos básicos y refuerza un clima de miedo e incertidumbre en el país”, asegura la organización en el exilio Monitoreo Azul y Blanco.
Mientras el operativo de captura se realizaba en León, el Ejecutivo sandinista reformó por completo la composición de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República. Eliminaron 25 cargos, entre magistrados y contralores propietarios y suplentes.
De los 42 cargos que había en la anterior Constitución Política, pasaron a 17 con la reforma. La nueva legislatura elimina cualquier vestigio del pacto político que hicieron el expresidente Arnoldo Alemán (procesado por corrupción) y Daniel Ortega, por la que ambos se repartieron cargos en diferentes poderes del Estado en el año 2000. Aunque en la práctica los magistrados de Alemán respondían desde hace años al sandinismo, ahora Ortega y Murillo los desechan.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ahora estará integrada por nueve magistrados, de los cuales al menos cinco serán mujeres. Antes, el Poder Judicial estaba integrado por 16 magistrados y el período de estos aumentó de cinco a seis años en el cargo, como hizo este lunes la pareja presidencial para extender los tiempos presidenciales y los titulares del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
Expertos de Naciones Unidas que observan la situación en Nicaragua expresaron “su profunda preocupación por una amplia enmienda a la Constitución del país aprobada, la cual otorga al Gobierno del Presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”.
El Gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
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