LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Ministerio de Justicia y Paz, bajo la administración del presidente Rodrigo Chaves, emitió este martes una circular ordenando el cierre inmediato de las pulperías dentro del sistema penitenciario costarricense. La medida, que incluye la suspensión del ingreso de proveedores a estas tiendas, busca erradicar actividades ilícitas y descontrol interno asociados con su operación, según el ministro Gerald Campos.
La decisión responde a la falta de respaldo legal y la incapacidad del sistema penitenciario para supervisar adecuadamente estas actividades. “Nos encontramos con un esquema irregular de comisariatos gestionados por privados de libertad, sin control ni autorización legal. Esta situación fomentaba actividades ilícitas y generaba descontrol interno”, explicó Campos.
Además de subrayar los riesgos para la seguridad interna, la circular señala que los comisariatos operaban sin permisos comerciales, lo que permitía un comercio interno no regulado con ganancias millonarias.
Sin embargo, la medida ha generado controversia. Wilbert Granados, juez de Ejecución de la Pena de Limón, previamente había suspendido una normativa que buscaba regular estas operaciones, argumentando que afectaba los derechos de los privados de libertad y su reinserción social.
Esta postura fue duramente criticada por el presidente Chaves, quien calificó el fallo como un retroceso que compromete la seguridad nacional. “No vamos a tolerar decisiones que beneficien a quienes buscan desestabilizar el orden dentro de las cárceles”, afirmó el mandatario.
El gobierno anunció además que ha presentado una denuncia penal contra el juez Granados Monge, lo que refleja la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial respecto a la gestión penitenciaria.
La decisión marca un punto de inflexión en las políticas de seguridad interna del país, subrayando el compromiso del gobierno por retomar el control y garantizar la estabilidad en los centros penitenciarios.
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