LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Contador General de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, Alejandro Zamora Quesada, ha hecho pública una denuncia sobre una serie de irregularidades y omisiones por parte de dicha Junta, tanto en su administración actual como en las anteriores. Según Zamora, estas prácticas lesionan gravemente los derechos laborales, sindicales y administrativos de los trabajadores, así como el funcionamiento operativo de la institución.
Entre
los principales señalamientos, el funcionario denuncia el incumplimiento
reiterado de plazos legales de respuesta, la falta de seguimiento a informes de
auditoría, el atraso en la presentación de estados financieros y una aparente
indiferencia en la socialización de decisiones internas relevantes. Un ejemplo
de ello fue la reciente intención de modificar los manuales de puestos sin
consulta previa, intento que fue revertido tras la intervención de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ante el Concejo Municipal.
Zamora
también advierte sobre condiciones laborales inadecuadas en las instalaciones
de los cementerios Nuestra Señora de Guadalupe y Redentor de Purral, donde
algunos trabajadores estarían devengando salarios por debajo del mínimo legal,
lo que califica como una “novela de terror” en pleno 2025.
“Las
administraciones han caído en un círculo vicioso que pone en riesgo el negocio
en marcha. No existe voluntad para corregir las observaciones de auditoría ni
para dignificar las condiciones de los trabajadores”, afirmó Zamora, quien
considera que su conocimiento de estos hechos lo obliga a denunciarlos, en
virtud de lo que en derecho penal se conoce como iter criminis, es decir, el
camino hacia la comisión de un delito.
Por
último, el contador hace un llamado a las autoridades competentes para que
tomen acciones concretas ante lo que califica como “desconocimiento total” de
las normas por parte de los miembros de la Junta. A pesar de que estos cargos
son ad honorem, insiste en que ello no exime de la responsabilidad legal y
ética que implica el cumplimiento de sus funciones, tal como lo exige la
normativa que rige a las juntas administrativas y el juramento realizado ante
el Concejo Municipal.
“Pido una solución urgente. De lo contrario, quienes omitan intervenir estarán incurriendo en complicidad por omisión”, concluyó.
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