Informe revela deficiencias en control de remuneraciones, pagos indebidos por incapacidades y escala salarial sin trazabilidad técnica
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La
Contraloría General de la República (CGR) emitió un contundente informe de
auditoría sobre el manejo de las remuneraciones en el Poder Judicial, revelando
serias deficiencias en el control del gasto público durante el ejercicio
económico 2024.
El
informe forma parte de una evaluación complementaria a la opinión adversa que
la CGR ya había emitido sobre la Liquidación del Presupuesto correspondiente al
año anterior, y advierte sobre irregularidades en el uso de fondos públicos,
que podrían comprometer la legalidad y sostenibilidad financiera de la
institución.
Uno
de los principales hallazgos se relaciona con la escala salarial global
aprobada por la Corte Suprema de Justicia, la cual presenta inconsistencias
importantes. Según el ente contralor, 528 personas reciben un salario global
diferenciado sin respaldo técnico ni trazabilidad, mientras que se
identificaron 3.433 movimientos de personal con dudas sobre la correcta
asignación de dichos salarios. Esto representa una vulneración directa a los
principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Además,
la Contraloría cuestionó el mecanismo utilizado por el Poder Judicial para el pago
de incapacidades, señalando que se realiza el desembolso del 100% del salario
sin ajustar el subsidio otorgado por la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS). Esta práctica ha generado pagos en exceso y ha obligado a la
institución a iniciar procesos de recuperación económica.
Entre los montos identificados por estos pagos indebidos, se contabilizan
₡45.826
millones ya recuperados en subsidios.
₡484
millones en proceso de recuperación.
Un
monto no cuantificado por incapacidades consideradas incobrables.
₡7.468
millones en cargas patronales declaradas como incobrables.
La
CGR instó al Poder Judicial a corregir con urgencia estas prácticas, subrayando
que el uso de escalas salariales sin sustento técnico no solo debilita el
control institucional, sino que también podría derivar en responsabilidades
administrativas para los tomadores de decisiones.
Este
nuevo informe se suma a las crecientes preocupaciones sobre la gestión del
gasto en el Poder Judicial, en un contexto nacional donde se demanda mayor
eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
La
Contraloría concluyó señalando que el respeto al marco legal vigente es
indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del
Estado y asegurar la sostenibilidad del sistema judicial costarricense.
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