LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Sadniv Solrac).- La Corte Suprema de Estados Unidos avaló esta semana la constitucionalidad de la ley de Tennessee que prohíbe a los profesionales de la salud realizar procedimientos de transición de género en menores, incluyendo bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías.
La decisión, tomada este miércoles por mayoría de 6-3, representa un hito en el debate nacional sobre los derechos de los menores transgénero y la autoridad de los estados para regular tratamientos médicos considerados experimentales.
El fallo responde a una demanda presentada por tres adolescentes transgénero, sus padres y una médica de Memphis, quienes argumentaban que la ley violaba la cláusula de igual protección de la Enmienda 14 de la Constitución.
El Departamento de Justicia de la administración Biden respaldó la impugnación, sosteniendo que la norma discriminaba al negar tratamientos a menores transgénero que sí se autorizan para otros diagnósticos.
El presidente del tribunal, John Roberts, escribió en la opinión mayoritaria que la ley “no viola la garantía de igual protección de la Enmienda Catorce” y que la función de la Corte no es juzgar la sabiduría o equidad de la ley, sino asegurar que no infrinja la Constitución. Roberts subrayó que la decisión sobre estos tratamientos debe quedar en manos del pueblo y sus representantes, no de los tribunales federales.
En una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas argumentó que los estados tienen un interés legítimo en proteger a los menores de procedimientos irreversibles y experimentales. Thomas destacó que “los niños están siendo apresurados hacia tratamientos médicos” y que el número creciente de personas que se arrepienten de haber hecho la transición demuestra los riesgos de asumir lo contrario.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, advirtió que la decisión “autoriza, sin pensarlo dos veces, un daño incalculable a los niños transgénero”, reflejando la profunda división ideológica en el tribual y en la sociedad estadounidense sobre este tema.
La sentencia consolida medidas similares en al menos 26 estados, la mayoría gobernados por republicanos, que han aprobado leyes para restringir o prohibir el acceso de menores a tratamientos de transición de género. Analistas legales consideran que, tras este fallo, las leyes estatales están a salvo de impugnaciones y el debate quedará en el ámbito legislativo local.
El contexto político también influyó en la decisión. La administración Trump ha impulsado decretos que restringen los procedimientos de transición de género bajo programas federales como Medicaid y Medicare, y ha definido el sexo biológico como masculino o femenino en la normativa federal.
Organizaciones cristianas y conservadoras celebraron el fallo como una victoria para la protección de la infancia y la autoridad de los padres. Matt Sharp, de Alliance Defending Freedom, señaló que la Corte “consideró la ciencia” y citó estudios de Inglaterra y EE.UU que muestran daños asociados a estos tratamientos. Mat Staver, de Liberty Counsel, afirmó: “No existe el derecho de someter a los niños a cirugías médicas mutilantes. Los estados tienen amplia autoridad para proteger a los menores de estas drogas peligrosas y procedimientos irreversibles”.
La decisión, aunque celebrada por sectores conservadores, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos civiles y grupos LGBT, que la consideran un retroceso en la protección de los derechos de los jóvenes transgénero. El debate nacional continúa, pero el máximo tribunal ha dejado claro que, por ahora, la regulación de estos procedimientos queda en manos de los estados y sus legisladores
El fallo de la Corte Suprema es visto como un respaldo a la protección de la niñez y a la importancia de discernir cuidadosamente antes de permitir intervenciones médicas irreversibles en menores.
El fallo responde a una demanda presentada por tres adolescentes transgénero, sus padres y una médica de Memphis, quienes argumentaban que la ley violaba la cláusula de igual protección de la Enmienda 14 de la Constitución.
El Departamento de Justicia de la administración Biden respaldó la impugnación, sosteniendo que la norma discriminaba al negar tratamientos a menores transgénero que sí se autorizan para otros diagnósticos.
El presidente del tribunal, John Roberts, escribió en la opinión mayoritaria que la ley “no viola la garantía de igual protección de la Enmienda Catorce” y que la función de la Corte no es juzgar la sabiduría o equidad de la ley, sino asegurar que no infrinja la Constitución. Roberts subrayó que la decisión sobre estos tratamientos debe quedar en manos del pueblo y sus representantes, no de los tribunales federales.
En una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas argumentó que los estados tienen un interés legítimo en proteger a los menores de procedimientos irreversibles y experimentales. Thomas destacó que “los niños están siendo apresurados hacia tratamientos médicos” y que el número creciente de personas que se arrepienten de haber hecho la transición demuestra los riesgos de asumir lo contrario.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, advirtió que la decisión “autoriza, sin pensarlo dos veces, un daño incalculable a los niños transgénero”, reflejando la profunda división ideológica en el tribual y en la sociedad estadounidense sobre este tema.
La sentencia consolida medidas similares en al menos 26 estados, la mayoría gobernados por republicanos, que han aprobado leyes para restringir o prohibir el acceso de menores a tratamientos de transición de género. Analistas legales consideran que, tras este fallo, las leyes estatales están a salvo de impugnaciones y el debate quedará en el ámbito legislativo local.
El contexto político también influyó en la decisión. La administración Trump ha impulsado decretos que restringen los procedimientos de transición de género bajo programas federales como Medicaid y Medicare, y ha definido el sexo biológico como masculino o femenino en la normativa federal.
Organizaciones cristianas y conservadoras celebraron el fallo como una victoria para la protección de la infancia y la autoridad de los padres. Matt Sharp, de Alliance Defending Freedom, señaló que la Corte “consideró la ciencia” y citó estudios de Inglaterra y EE.UU que muestran daños asociados a estos tratamientos. Mat Staver, de Liberty Counsel, afirmó: “No existe el derecho de someter a los niños a cirugías médicas mutilantes. Los estados tienen amplia autoridad para proteger a los menores de estas drogas peligrosas y procedimientos irreversibles”.
La decisión, aunque celebrada por sectores conservadores, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos civiles y grupos LGBT, que la consideran un retroceso en la protección de los derechos de los jóvenes transgénero. El debate nacional continúa, pero el máximo tribunal ha dejado claro que, por ahora, la regulación de estos procedimientos queda en manos de los estados y sus legisladores
El fallo de la Corte Suprema es visto como un respaldo a la protección de la niñez y a la importancia de discernir cuidadosamente antes de permitir intervenciones médicas irreversibles en menores.
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