LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Quinto Informe Estado de la Justicia lanzó una fuerte advertencia sobre la persistente concentración de poder administrativo en manos de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, señalando que esta situación compromete seriamente la independencia, transparencia y eficiencia del Poder Judicial costarricense.
De
acuerdo con el estudio, presentado este miércoles, la Corte no solo funge como
la máxima instancia jurisdiccional del país, sino que también asume la mayor
parte de las funciones administrativas, tales como el manejo de recursos, la
organización institucional, la política judicial, el régimen disciplinario y
los nombramientos de jueces.
“El
problema radica en que esta acumulación de funciones distrae a la Corte de su
tarea primordial: dictar resoluciones judiciales en las salas especializadas,
las cuales enfrentan altos volúmenes de casos y prolongados tiempos de
resolución”, señala el informe.
Crecimiento
exponencial de tareas administrativas
Entre
2020 y 2023, la Corte Plena vio crecer en un 67% la cantidad de asuntos
administrativos resueltos, pasando de 665 a 1.112 anualmente. El Consejo
Superior también experimentó un aumento significativo, al pasar de 4.493 a
6.855 asuntos durante el mismo periodo.
Además,
en esos tres años los magistrados debieron asumir tareas adicionales como 129
evaluaciones de desempeño y 96 procesos de contratación, así como la revisión
de 204 proyectos de ley, muchos de ellos impulsados por la creciente
preocupación social por la inseguridad.
Este
fenómeno, que el informe denomina una estructura “cortecéntrica”, debilita los
controles internos y limita el sistema de pesos y contrapesos que debería regir
en una democracia consolidada.
Reformas
estancadas
El
informe también critica la falta de ejecución de planes de reforma para
descentralizar decisiones y transferirlas a entes técnicos. “Se han generado
propuestas, pero en los últimos cinco años no se ha concretado ninguna,
mientras la carga administrativa sigue creciendo”, advierte el documento.
El
Estado de la Justicia describe el escenario como una “sobrecarga de funciones”
que aleja a la magistratura de sus labores más estratégicas y obstaculiza
mejoras estructurales dentro del Poder Judicial.
Personal
judicial: avances y retos
El
análisis destaca que el Poder Judicial ha tenido una recuperación
presupuestaria tras la pandemia, lo que ha permitido reforzar dependencias
clave como la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Sin
embargo, también revela que el 81,2% del presupuesto de 2023 se destinó al pago
de salarios, limitando la inversión en áreas estratégicas como la capacitación
profesional.
Los
jueces representaron el mayor aumento en la planilla, alcanzando el 53,8%,
seguidos por fiscales y defensores públicos. Aun así, el informe alerta sobre
las crecientes dificultades para contratar y retener personal calificado,
debido a carencias en la formación profesional y problemas con el cumplimiento
de requisitos de ingreso.
Débil
capacidad sancionatoria
Uno
de los aspectos más preocupantes del informe es la poca efectividad del régimen
disciplinario dentro del Poder Judicial. En 2023 se presentaron denuncias
contra 1.260 funcionarios, pero el 65% fueron desestimadas y solo un 7,7%
resultaron con resolución “con lugar”, lo que refleja —según el informe— una
baja capacidad sancionatoria frente a eventuales actos de corrupción.
Llamado
a una reforma profunda
El Quinto Informe Estado de la Justicia concluye con un llamado urgente a repensar el modelo de gobernanza judicial, desconcentrar funciones y fortalecer los controles internos. Según sus autores, solo mediante una reforma real y sostenida será posible garantizar un sistema judicial independiente, transparente y eficiente, a la altura de las necesidades democráticas del país.
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