LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Ante los hallazgos divulgados por la Contraloría General de la República (CGR) en su informe de auditoría, el Poder Judicial emitió una serie de aclaraciones con el objetivo de brindar una explicación clara y transparente sobre los temas señalados.
Pagos
y movimientos de personal
Según
el Poder Judicial, durante el ejercicio 2024 se reportaron 13.465 movimientos
de personal, todos debidamente registrados en el sistema institucional. La
institución asegura que cada caso cuenta con el respaldo correspondiente sobre
el tipo de régimen salarial aplicado, ya sea bajo salario global o compuesto, y
que dicha información fue entregada en tiempo y forma a la CGR, cumpliendo con
los requerimientos establecidos en el proceso de auditoría.
Factores
condicionados y pagos no adicionales
Uno
de los puntos observados por la Contraloría es que 519 personas habrían
recibido pagos en función de periodos laborados durante 2024. El Poder Judicial
aclara que estos pagos no corresponden a montos adicionales, sino a
compensaciones sujetas a condiciones específicas y temporales, como la
coordinación de despachos, disponibilidad fuera de jornada o funciones
especiales.
La
institución señala que estos factores son reconocidos conforme a su marco
jurídico interno, pese a que la Ley Marco de Empleo Público no los contempla
expresamente por tratarse de situaciones particulares no generalizadas.
Colaboración
con la auditoría
Sobre
la trazabilidad de los pagos, el Poder Judicial indica que toda la
documentación fue debidamente registrada y justificada, y que durante el
proceso se mantuvo una colaboración activa con los equipos auditores. La
entidad participó en sesiones de trabajo para aportar explicaciones técnicas y
administrativas, y reiteró su respeto por la labor fiscalizadora como un
componente esencial del sistema democrático.
Reformas
en el pago de incapacidades
La
institución también informó que desde el segundo semestre de 2024 se trabaja en
el diseño de un nuevo modelo tecnológico para gestionar el pago de
incapacidades. Se espera que esta modernización entre en funcionamiento en
enero de 2026, como parte de una estrategia de mejora continua.
Compromiso
institucional
El
Poder Judicial reafirmó su compromiso con la transparencia, el uso eficiente de
los recursos públicos, el cumplimiento del marco legal y la plena colaboración
con los órganos de control. Añadió que ha mantenido una postura abierta y
proactiva durante toda la auditoría, con el objetivo de fortalecer su gestión
institucional.
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