LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Poder Judicial respondió con firmeza a las declaraciones emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo durante la conferencia de prensa del pasado 25 de junio, en las que se cuestionó el papel de la institución respecto al manejo de personas menores de edad en conflicto con la ley, particularmente aquellas que terminan en albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Según
el Poder Judicial, lejos de “quitarse el tiro”, los jueces y operadores del
sistema penal juvenil actúan con responsabilidad, legalidad y sensibilidad
social, garantizando los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes,
como lo ordenan la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación
nacional.
“La
atención a personas menores de edad en conflicto con la ley no puede desligarse
de la realidad social en la que viven. Muchos de estos adolescentes enfrentan
situaciones de abandono, pobreza, violencia o falta de redes familiares. El rol
del juez no termina con una resolución judicial; también implica velar porque
se les garantice techo, alimentación, salud y educación”, señaló un comunicado
oficial del Poder Judicial.
En
ese contexto, cuando no existen adultos responsables que puedan hacerse cargo
del o la menor, es el PANI quien, por mandato constitucional, debe asumir la
protección. “No se trata de un castigo, ni de una excusa para desentenderse del
caso, sino de una medida urgente de protección que busca resguardar su
seguridad e integridad física”, aclaró el comunicado.
El
Poder Judicial enfatizó además que no todos los delitos cometidos por
adolescentes ameritan medidas cautelares o internamientos, y que cada caso se
valora individualmente. Cuando una persona menor de edad no tiene dónde vivir o
se encuentra en riesgo, el juez tiene la obligación legal de activar los
mecanismos de protección disponibles, entre ellos los albergues del PANI.
“Es
incorrecto afirmar que el PANI se usa como sustituto de un centro penal. Las
decisiones judiciales se toman bajo el principio del interés superior del
menor, y solo se recurre al sistema de protección cuando la situación lo
amerita. No estamos hablando de delincuentes, sino de seres humanos en proceso
de formación que merecen nuevas oportunidades”, reiteró el Poder Judicial.
La
institución hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas de protección
integral para esta población, evitando su revictimización y promoviendo la
reinserción social a través de más oportunidades, acompañamiento psicosocial,
educación y espacios adecuados.
“Las niñas, niños y adolescentes que enfrentan conflictos con la ley no dejan de ser parte de la niñez costarricense. Nuestra obligación como Estado es protegerlos, no señalarlos ni excluirlos”, concluyó el pronunciamiento.
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