LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Fiscalía Ambiental solicitó este martes una pena de 15 años de prisión contra Rafael Ángel Zamora Fernández, empresario y propietario del grupo Pedregal, por una serie de presuntos delitos ambientales cometidos entre 2008 y 2010 en San Miguel de Cañas, Guanacaste.
Según
el Ministerio Público, Zamora habría ordenado acciones que causaron graves
afectaciones en zonas protegidas, incluyendo la alteración de cauces de ríos,
apertura de caminos ilegales en áreas boscosas y usurpación de aguas. Los
cargos incluyen tres delitos de estrago y tres delitos de usurpación de aguas,
además de la invasión de áreas protegidas.
El
caso se discute actualmente en un juicio de reenvío ante el Tribunal Penal de
Cañas, luego de que un tribunal de apelación ordenara revisar la condena
inicial. En agosto de 2015, Zamora había sido sentenciado a dos años y medio de
prisión y una multa de ¢184 millones, pero se le concedió ejecución
condicional de la pena, lo que evitó su ingreso a prisión.
Ahora,
la Fiscalía pretende elevar significativamente la pena debido a una recalificación
de los delitos.
Impacto
ambiental y social
De
acuerdo con el expediente 08-000090-611-PE, el empresario habría mandado a
construir atascos en el río Higuerón para desviar aguas hacia sus propiedades,
lo que modificó el comportamiento natural del río Lajas, transformándolo en
afluente del Higuerón. Este cambio habría aumentado la fuerza del caudal y generados
daños en plantaciones cercanas, especialmente en cosechas de caña.
Además,
se le responsabiliza por la apertura de una trocha de 6.000 metros cuadrados en
la zona protegida de un río, lo cual provocó la destrucción de más de dos
hectáreas del bosque conocido como la Ojochada, una zona de alto valor
ecológico.
La
hidrología de los ríos Higuerón, Lajas y la laguna Madrigal también habría
resultado severamente afectada, según los peritajes presentados por la
Fiscalía.
Empresa
guarda silencio
Este
medio intentó obtener una reacción por parte de la empresa Pedregal sobre la
solicitud de la Fiscalía, pero se indicó que solo el representante legal está
autorizado a emitir declaraciones, y que actualmente se encuentra fuera de San
José.
La
sentencia está prevista para ser emitida este jueves 3 de julio. De acogerse la
petición del Ministerio Público, Rafael Ángel Zamora Fernández enfrentaría una
pena seis veces mayor a la inicialmente impuesta.
El
caso reabre el debate nacional sobre la protección efectiva de los recursos
naturales, la responsabilidad empresarial en el uso de los mismos y la eficacia
de la justicia ambiental en Costa Rica.
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