LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- ¿Sabías que hoy te pueden destruir sin pruebas, sin juicio y sin condena? Basta con fiscales dispuestos, medios obedientes y un expediente convenientemente filtrado. Esta estrategia tiene nombre: LAWFARE, una palabra que nace de la combinación de LAW (ley) y WARFARE (guerra). Es una guerra silenciosa, sin balas, pero con titulares y acusaciones que hieren más que cualquier proyectil.
El LAWFARE es la
perversión del Estado de derecho, una práctica que transforma a los aparatos
judiciales en herramientas de persecución política. No se trata de castigar
delitos probados, sino de utilizar el poder de la sospecha como un arma de
destrucción masiva. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo: abren causas sin fundamentos
sólidos, ejecutan allanamientos espectaculares en momentos políticamente
oportunos —preferiblemente cerca de una elección— y, por si fuera poco, filtran
el expediente a medios aliados que, sin el menor recato, convierten la
acusación en escándalo nacional. El juicio ya no es en los tribunales, sino en
las portadas y redes sociales.
No hablamos de
teorías de conspiración ni de paranoias infundadas. Basta con repasar nuestra
historia reciente. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, fue
acusado en el famoso caso Alcatel. Lo bajaron esposado de un avión, en cadena
nacional. Durante años, los medios lo trataron como culpable antes de cualquier
sentencia. Fue condenado en 2011, pero absuelto en 2012 por falta de pruebas.
¿Y el daño? Irreparable. Su nombre quedó manchado y su legado, enterrado bajo
toneladas de titulares.
Hoy, esa misma
fórmula se aplica nuevamente, esta vez contra el presidente Rodrigo Chaves. Se
le allana, se le investiga, se le acusa mediáticamente. No hay condena, pero sí
hay juicio público. Lo que molesta no es un delito comprobado, sino su decisión
de enfrentar estructuras que durante años se han sostenido en la impunidad.
Chaves rompió el pacto del silencio y, por eso, se desató la tormenta. Quieren
ensuciarlo, debilitarlo, silenciarlo. No porque haya pruebas, sino porque hay
miedo.
Esto no es
justicia, es estrategia. No es el Estado de derecho, es el estado del
espectáculo. Es la OFFER, la oferta disfrazada de legalidad, donde la
apariencia pesa más que la evidencia.
Y sí, en Costa
Rica ha pasado, y está pasando. Que no nos vendan justicia empaquetada en
persecución. Que no permitamos que la ley se use como garrote para callar voces
incómodas. Que no olvidemos que todos, absolutamente todos, somos inocentes
hasta que se demuestre lo contrario. Aunque algunos insistan en dictar
sentencias desde un micrófono.
Porque si hoy lo hacen con uno, mañana pueden hacerlo con cualquiera.
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