Presidente de la Corte y presidenta de la Sala de Casación expusieron ante Comisión de Jurídicos iniciativa que modifica el Código Procesal Penal
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Una
reforma en aspectos puntuales y concretos al Código Procesal Penal es la
propuesta del Poder Judicial para potenciar procesos más rápidos y eficientes,
en respuesta al contexto de inseguridad que atraviesa el país.
Este
martes, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, el magistrado presidente de la
Corte Suprema, Orlando Aguirre Gómez, y la magistrada presidenta de la Sala de
Casación Penal (Sala Tercera), Patricia Solano Castro, expusieron la iniciativa
que plantea dicha reforma, la cual se tramita bajo el expediente 24.913.
La
propuesta, desarrollada por la Sala Tercera, forma parte de una serie de
cambios que buscan mejorar la respuesta del sistema judicial ante la
delincuencia, combatir la impunidad y garantizar mayor protección a las
víctimas.
Se
trata de modificaciones puntuales que generarían cambios de alto impacto:
Si
una persona imputada no se presenta a la audiencia preliminar sin
justificación, será declarada en rebeldía.
En
delitos que se castigan con penas de hasta 10 años, un solo juez (tribunal
unipersonal) podrá conocer el juicio, lo que permitirá resolver más casos en
menos tiempo.
Se
eliminará la práctica de posponer audiencias porque el abogado litigante tiene
la agenda llena. Si el defensor no puede asistir, la persona imputada tendrá un
máximo de cinco días para nombrar a otro, o se le asignará un defensor público
para evitar retrasos innecesarios.
Se
establece que la audiencia preliminar será el último momento procesal para
acceder a una solución alterna o a un procedimiento especial abreviado. Por
ello, se hace obligatoria la asistencia de la persona imputada y se convoca
también a la víctima.
El
magistrado Aguirre destacó que este proyecto de ley evidencia el compromiso y
la proactividad del Poder Judicial para enfrentar el fenómeno de inseguridad.
“No se trata solo de discursos y diagnósticos, sino de acciones concretas que
incidirán directamente en un mejor sistema de justicia”, expresó.
Por
su parte, la magistrada Solano enfatizó en que el proyecto se enfoca en
eliminar trabas y prácticas procesales abusivas, siempre respetando las
garantías y el debido proceso.
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