LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Asamblea Legislativa recibió este lunes la solicitud formal del Poder Judicial para levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, en el marco de una causa penal por el presunto delito de concusión.
La remisión incluye la resolución de la Corte Plena y el expediente completo de la causa 25-000019-0033-PE, en la cual la fiscalía general presentó, desde el pasado 7 de abril, una acusación contra ambos jerarcas. A partir de ahora, corresponderá a los diputados analizar, discutir y eventualmente votar si procede o no levantar el fuero de improcedibilidad —comúnmente conocido como inmunidad—, lo que permitiría que ambos sean sometidos a investigación judicial.
¿De qué se les acusa?
Según la acusación del Ministerio Público, tanto el presidente Chaves como el ministro Rodríguez habrían incurrido en el delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal, al supuestamente inducir y obligar a un tercero a entregar un beneficio económico indebido.
La Fiscalía sostiene que se diseñó una contratación “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., con el objetivo de prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y producción de mensajes para la Presidencia durante el periodo 2022-2026.
El caso gira en torno a una aparente maniobra para que Christian Bulgarelli —vinculado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)— otorgara un beneficio patrimonial indebido al coimputado Diego Cruz Saravanja, amigo cercano del presidente y asesor personal durante la campaña electoral. Cruz habría recibido \$32.000 como resultado de un contrato de consultoría, dinero que, según la Fiscalía, fue utilizado para la compra de una vivienda. Por estos hechos, Cruz enfrenta una causa penal separada bajo el expediente 25-000044-0033-PE.
El camino legislativo
Con la solicitud ya en manos del Congreso, el proceso queda en manos de los diputados, quienes deberán decidir si dan luz verde al levantamiento de la inmunidad, paso necesario para que la causa penal pueda avanzar en los tribunales ordinarios.
La Procuraduría General de la República también fue notificada de la acusación, y deberá manifestar si desea constituirse como querellante o actor civil, en representación del Estado.
Este hecho marca un nuevo capítulo en la tensión entre los Poderes de la República, al colocarse bajo escrutinio judicial al propio mandatario y a uno de sus ministros de confianza, en un caso que podría tener implicaciones políticas de alto impacto.
¿De qué se les acusa?
Según la acusación del Ministerio Público, tanto el presidente Chaves como el ministro Rodríguez habrían incurrido en el delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal, al supuestamente inducir y obligar a un tercero a entregar un beneficio económico indebido.
La Fiscalía sostiene que se diseñó una contratación “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., con el objetivo de prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y producción de mensajes para la Presidencia durante el periodo 2022-2026.
El caso gira en torno a una aparente maniobra para que Christian Bulgarelli —vinculado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)— otorgara un beneficio patrimonial indebido al coimputado Diego Cruz Saravanja, amigo cercano del presidente y asesor personal durante la campaña electoral. Cruz habría recibido \$32.000 como resultado de un contrato de consultoría, dinero que, según la Fiscalía, fue utilizado para la compra de una vivienda. Por estos hechos, Cruz enfrenta una causa penal separada bajo el expediente 25-000044-0033-PE.
El camino legislativo
Con la solicitud ya en manos del Congreso, el proceso queda en manos de los diputados, quienes deberán decidir si dan luz verde al levantamiento de la inmunidad, paso necesario para que la causa penal pueda avanzar en los tribunales ordinarios.
La Procuraduría General de la República también fue notificada de la acusación, y deberá manifestar si desea constituirse como querellante o actor civil, en representación del Estado.
Este hecho marca un nuevo capítulo en la tensión entre los Poderes de la República, al colocarse bajo escrutinio judicial al propio mandatario y a uno de sus ministros de confianza, en un caso que podría tener implicaciones políticas de alto impacto.
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