LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Una publicación de La Voz de Goicoechea fue suficiente para poner en evidencia lo que vecinos califican como años de “vista gorda” municipal. La mañana de este lunes, el medio reveló la existencia de una denuncia penal anónima ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), por una construcción ya concluida en la entrada de la Urbanización Kamir, en Mata de Plátano. El reportaje cuestionaba directamente: “Construcciones ilegales en Mata de Plátano: ¿Quién responde en Goicoechea?”
La respuesta municipal no tardó: apenas pasado el mediodía, un inspector
apareció en el sitio y clausuró los apartamentos. La rapidez de la acción
genera más preguntas que respuestas: ¿la Municipalidad desconocía realmente lo
que se estaba construyendo en su propio cantón, o decidió actuar solo cuando el
tema se hizo público?
El expediente en poder de la Fiscalía es contundente: el 29 de octubre
de 2018, la Municipalidad de Goicoechea había autorizado únicamente dos
unidades habitacionales en ese lote. Sin embargo, sobre el terreno hoy se
levantan cuatro apartamentos terminados. No se trata de una simple
irregularidad técnica; la obra presuntamente viola la Ley de Planificación
Urbana, la Ley de Construcciones, el Plan Regulador del cantón y hasta el
Código Municipal.
La Ley de Construcciones No. 833, vigente desde 1949, establece de forma
clara que es la Municipalidad la responsable de velar por el ordenamiento
territorial, la seguridad vial y el bienestar comunal. Pero aquí la pregunta es
inevitable: ¿Dónde estuvo ese control durante todo el proceso constructivo?
Los vecinos se sienten burlados. Mientras a unos se les exige hasta el
último papel para ampliar una cochera, otros levantan edificios completos en
aparente impunidad. Para ellos, la clausura de este lunes no es un triunfo de
la fiscalización municipal, sino una muestra de que solo cuando los medios
exponen las irregularidades, el engranaje burocrático se pone en movimiento.
Consultado por La Voz de Goicoechea, el alcalde Fernando Chavarría se
declaró sorprendido y dijo desconocer el caso. Aseguró que pedirá
explicaciones, pero cuando se le informó que los apartamentos ya habían sido
sellados, reaccionó con ironía: “¡Qué ágiles que son!”
El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si se
trató de una simple omisión administrativa o de un esquema más profundo de
irregularidades urbanísticas en Goicoechea. Mientras tanto, la comunidad sigue
lanzando la misma pregunta que la Municipalidad no ha sabido responder: ¿las
leyes en este cantón se aplican de la misma manera para todos, o hay
construcciones “intocables”?
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