LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El abogado penalista Yashín Castrillo presentó una denuncia penal ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, por el presunto delito de prevaricato. La acción judicial, según el denunciante, se originó en la decisión de Arias de someter a votación la renuncia del vicepresidente Stephan Brunner.
Castrillo
dijo en entrevista con Noticias Columbia que la determinación de Arias de
llevar la renuncia al pleno pese a criterios contrarios —entre ellos los del
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)— constituye, a su juicio, una resolución
arbitraria que podría configurar el delito de prevaricato. El abogado sostuvo
que la conducta “imponía un criterio unilateral” y que por ello debía
investigarse penalmente.
El
caso tiene como telón de fondo una resolución del Tribunal Supremo de
Elecciones que aclaró que la renuncia de un miembro de los Supremos Poderes —en
este caso la dimisión presentada por Brunner— es un acto unilateral que no
requiere votación en la Asamblea Legislativa, sino que basta su inclusión en el
orden del día para que quede formalmente conocida. Esa interpretación del TSE
contradice la práctica que adoptó Arias al someter la renuncia a votación.
Desde
la presidencia del Congreso, Arias respondió públicamente que respeta y confía
en el TSE y defendió su criterio jurídico sobre la interpretación de la norma;
sin embargo, la diferencia de enfoques ha sido suficiente para que la denuncia
avance y para que sectores políticos y jurídicos planteen el debate sobre
límites y responsabilidades cuando los titulares de órganos públicos toman
decisiones interpretativas.
¿Qué
es el prevaricato y qué riesgos enfrenta Arias?
El
prevaricato se configura cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus
funciones, dicta resoluciones, dictámenes u otros actos administrativos
contrarios a la ley o fundados en hechos falsos. La norma persigue garantizar
la integridad y la confianza en la administración pública; sus sanciones pueden
incluir penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos,
según la gravedad y las circunstancias del hecho. (Contexto legal general
aportado por el denunciante y la doctrina penal.)
Próximos
pasos
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recibirá la denuncia y
decidirá si abre una investigación formal. Si se inicia el proceso,
corresponderá al Ministerio Público evaluar pruebas, tomar declaraciones y,
eventualmente, presentar una acusación si encuentra méritos. En paralelo, el
debate político y jurídico seguirá en los medios y en las redes, con voces que
defienden la actuación de Arias y otras que piden responsabilidades.
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