La SUTEL, con todo su andamiaje legal, técnico y administrativo, parece ausente en una crisis que ya alcanza proporciones de pandemia. Mientras las estafas vacían cuentas y siembran angustia en las familias, el ente regulador mantiene una actitud pasiva, casi burocrática, como si la defensa de los usuarios no estuviera en el corazón de su mandato.
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) puso el dedo en la llaga: ¿dónde están los sistemas de bloqueo masivo de mensajes fraudulentos? ¿Dónde los mecanismos para rastrear y neutralizar campañas de phishing? ¿Por qué no hay investigaciones contundentes sobre las causas de estos delitos? Y lo más grave: ¿cómo es posible que el mercado de telecomunicaciones permita que organizaciones criminales adquieran miles de líneas sin que salten alarmas?
La respuesta es incómoda, pero evidente: lo que hay es una falta de liderazgo. SUTEL se ha convertido en un ente reactivo, más preocupado por la formalidad de los trámites que por la urgencia de proteger a los usuarios. La regulación sin acción, la supervisión sin dientes y la pasividad disfrazada de neutralidad constituyen, en la práctica, un abandono.
El marco jurídico es claro: la responsabilidad civil objetiva obliga a responder por los daños derivados de actividades riesgosas, incluso sin culpa demostrada. Y pocas actividades resultan tan riesgosas hoy como la gestión de redes de telecomunicaciones y servicios digitales.
La hora de los diagnósticos ya pasó. Se requieren medidas firmes: protocolos obligatorios de respuesta, sanciones reales a las empresas omisas, transparencia en el manejo de datos y, sobre todo, canales que atiendan a las víctimas con humanidad, no con trámites interminables.
SUTEL no puede seguir escondiéndose tras el papeleo mientras los consumidores caen en manos de redes criminales. El fraude digital no se combate con excusas, sino con liderazgo, coordinación interinstitucional y un compromiso firme con los derechos de los usuarios.
Si la Superintendencia insiste en permanecer en silencio, el costo lo seguirá pagando el pueblo. Y en ese caso, no se trataría solo de fraude digital: estaríamos frente a un fraude institucional.
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