No se trata solo de un hecho aislado.
Las quejas contra la empresa de autobuses de Guadalupe se acumulan: Maltrato a
adultos mayores, que deberían ser tratados con paciencia y respeto, no con
prisa ni gritos. Choferes que se saltan paradas como si el tiempo de los
usuarios no valiera nada. Buses en mal estado, incómodos, sucios, que parecen
más un castigo que un servicio público. Pagos dobles en el sistema electrónico,
donde el usuario termina financiando la ineficiencia.
¿Y qué hacen las autoridades? Se tiran
la bola, el CTP, la empresa… y al final el usuario sigue pagando, en plata, en
tiempo y hasta en vidas.
El caso de Alejandro no fue una
estadística más: fue la gota que rebalsó un vaso lleno de indiferencia. Cuando
un chofer, que debería ser garante del traslado seguro, se convierte en
agresor, algo está podrido en la raíz del sistema. Y cuando la respuesta
institucional es mínima o nula, la indignación ciudadana se convierte en
clamor.
En Goicoechea, la gente está harta.
Harta de esperar buses que no paran. Harta de choferes que no respetan. Harta
de pagar dos veces un pasaje que ya de por sí duele en el bolsillo. Harta de
que la dignidad se suba al bus solo para ser bajada a empujones.
Porque aquí el problema no es un chofer
ni un pasajero. El problema es un servicio que se presta como si fuera un
favor, no un derecho. Un servicio público que se lucra con la necesidad,
mientras usuarios sienten miedo, rabia o resignación.
La vida de Alejandro Rivera merece
memoria y respeto. Su muerte no puede quedar archivada como un expediente más.
Cada vez que un bus no se detiene dónde debe, cada vez que un adulto mayor
sufre un irrespeto, cada vez que alguien paga dos veces sin razón, estamos
repitiendo, en pequeño, la misma falta de respeto que terminó con una vida
En Guadalupe, el bus no solo debería
llevar pasajeros: debería llevar respeto, dignidad y seguridad. Si no es así,
entonces no es un servicio público: es un atropello con ruedas.
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