Las cifras hablan por sí solas. Según un informe emitido por la
Contraloría General de la República (CGR) entre 2018 y 2021 se transfirieron
₡179.723 millones a las Juntas de Educación para infraestructura, pero apenas
se ejecutaron ₡2.034 millones, menos del 9%. Al cierre de 2023, más de ₡72.000
millones seguían sin utilizarse, y en 2024 el monto ascendía a ₡107.000
millones retenidos por el 32% de las juntas escolares. Mientras tanto, el
sistema educativo acumulaba casi 900 órdenes sanitarias que comprometían la
seguridad de niños y adolescentes. Esta desconexión entre recursos disponibles
y necesidades urgentes es, en gran parte, consecuencia de un diseño
institucional que sobrecarga a órganos comunales ad honorem con tareas técnicas
para las que no fueron creados.
Las Juntas de Educación, integradas por ciudadanos voluntarios y
nombradas a través de un proceso en el que los concejos municipales tienen un
rol limitado, deben lidiar con funciones desproporcionadas: licitaciones,
contratos de obra, compra de terrenos y supervisión de proyectos constructivos.
No obstante, la Contraloría General ha señalado que la mayoría carece de la
capacitación y el perfil técnico necesario. El resultado es previsible: fondos
inmovilizados, opacidad en la rendición de cuentas y un rezago crónico en la
infraestructura educativa.
Una reforma que proponga sustituir las juntas escolares por juntas circuitales representaría un cambio organizacional urgente y estratégico. Al centralizar las funciones en una sola junta por circuito educativo, se eliminan duplicaciones y se aprovechan mejor los recursos humanos y financieros. Este modelo permitiría profesionalizar la gestión, asegurar que escuelas pequeñas o rurales reciban apoyo real y fomentar una mayor equidad entre centros educativos.
Otro aspecto es la transparencia. La apertura de las sesiones de las
juntas circuitales y su transmisión pública promueven un ejercicio democrático
de control ciudadano. Además, la obligación de presentar informes anuales de
labores y uso de recursos fortalece la rendición de cuentas.
Finalmente, al colocar a la persona supervisora del circuito como
presidenta de la junta circuital, alinearía la gestión administrativa local con
las políticas educativas nacionales. Esto no solo da coherencia al sistema,
sino que también facilita la planificación territorial, permitiendo que los
recursos se asignen con criterios integrales y estratégicos.
Considero que la crisis de infraestructura escolar no se resolverá con
más recursos, sino con mejores estructuras de gestión. Las juntas escolares, en
su diseño actual, han demostrado ser ineficaces para responder a los retos del
sistema educativo. La transición hacia juntas circuitales ofrece una ruta más
eficiente, equitativa y transparente. Apostar por este modelo no solo es una
necesidad administrativa, sino un deber ético: garantizar que cada colón
invertido en educación llegue donde más se necesita, para que los niños y
jóvenes de Costa Rica estudien en condiciones dignas y seguras. El debate está
abierto, pero la urgencia es ineludible.
*Regidor Municipal de Vázquez de Coronado
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