Entre los señalados se encuentran el actual alcalde Fernando Chavarría Quirós, el exalcalde y actual regidor Rafael Ángel Vargas Brenes, la exalcaldesa y actual vicealcaldesa Irene Campos Jiménez, así como el director administrativo financiero Sahid Salazar Castro; Arlene Cordero Fonseca, jefa de recursos humanos y administradora del contrato; el jefe de proveeduría, Andrés Arguedas Vindas; el director jurídico, Álvaro Salazar Castro; la auditora interna, Gisella Vargas López, y el Concejo Municipal anterior.
La controversia surge a raíz de una contratación para realizar procesos de reclutamiento y selección de personal, que fue trabajado de manera conjunta con el Área de Recursos Humanos de la Municipalidad. Según Delgado, su representada había participado en un primer proyecto, y ante la invitación para un segundo, consideró que podía manejar internamente el proceso, ya que se había ganado un contrato previo para la misma institución.
No obstante, el apoderado afirma que hubo coacción y cambios en las condiciones contractuales, aceptadas bajo presión por la Administración Municipal en julio de 2023, lo que se habría infringido la ley general de contratación pública y su reglamento, así como la ley de probidad y la ley contra el enriquecimiento ilícito.
Además, denuncia que se obligó a la empresa a realizar labores adicionales sin contrato vigente y se produjo una retención indebida del pago correspondiente por servicios ya entregados, afectando directamente los derechos patrimoniales de GBN Latinoamericana S.A.
Delgado subraya que, tras agotar todos los mecanismos administrativos y no recibir el pago por los trabajos realizados, no queda otra opción que acudir a los tribunales penales para presentar la denuncia correspondiente.
La acción legal busca que se investigue a los funcionarios indicados y al Concejo Municipal por las supuestas irregularidades que podrían constituir delitos graves en el ámbito de la administración pública.
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