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| Dr. Tawfik Jelassi, Subdirector General de la UNESCO para Comunicación e Información |
El acceso a la información es un derecho humano que nos capacita para
tomar decisiones informadas, participar en procesos democráticos y exigir la
rendición de cuentas de nuestros lideres. También resulta crucial para la
supervivencia en una gran variedad de situaciones.
En el contexto de un desastre natural, la información oportuna sobre las
rutas de evacuación, los refugios y las condiciones meteorológicas puede marcar
la diferencia entre la vida y la muerte. En emergencias de salud pública, como
se observó durante la pandemia de COVID-19, la información precisa sobre los
síntomas, los métodos de prevención y las diversas opciones de tratamiento
ayuda a las personas a protegerse a sí mismas y a los demás. Asimismo, en zonas
de conflicto, es vital saber sobre las zonas seguras y las formas de acceder a
la ayuda humanitaria.
Actualmente, 139 países cuentan con marcos legales de acceso a la
información y el 90 % de la población mundial reside en un país donde este
derecho está consagrado en ley. Hace tan solo 30 años, menos de 20 países
formaban parte de este grupo. Datos de la UNESCO indican que en 2022 se
procesaron 3,5 millones de solicitudes de información pública, y en 2024 esa
cifra aumentó a 6,7 millones, lo cual es una clara señal de que la gente
demanda transparencia. El número global de solicitudes de información está en
aumento con la llegada de soluciones digitales que facilitan su procesamiento.
Sin embargo, persisten importantes brechas en algunas regiones del
mundo. En África, los datos recopilados en 2024 por el Centro Africano para la
Libertad de Información revelan que 29 de los 55 países de la región cuentan
con marcos legales de acceso a la información, pero su implementación a menudo
es deficiente. La UNESCO ayudó a establecer la Red Africana de Comisionados de
la Información (ANIC, en inglés), que permite a los organismos garantes del
continente comunicarse de manera regular sobre las formas más efectivas de
implementar y hacer cumplir las leyes de acceso a la información, y contribuye
a elevar el perfil de este derecho en los foros de derechos humanos del
continente.
El acceso a la información pública es un recurso valioso para el
periodismo, y además es un vector esencial para que la ciudadanía acceda a la
información. El periodismo ha sido siempre un puente clave entre los gobiernos
y la ciudadanía.
Cuando la función pública guarda silencio, el periodismo investiga;
verifica la información y comunica al público lo que realmente está sucediendo.
El periodismo no es solo un trabajo, es un bien público.
Detrás de cada noticia importante hay alguien que formula preguntas
difíciles. Las y los periodistas utilizan regularmente las leyes de acceso a la
información para llevar a cabo sus investigaciones y develar historias que
propician cambios significativos. No obstante, este crucial mecanismo
democrático se encuentra cada vez más amenazado. El periodismo se enfrenta a la
violencia, la censura y el acoso en línea. En 2024, el 70 % de los periodistas
que respondieron a una encuesta global de la UNESCO afirmaron haber sufrido
ataques que iban desde el acoso en línea hasta amenazas legales y violencia
física durante la cobertura de cuestiones medioambientales. Las redacciones
independientes están siendo asfixiadas financieramente. La desinformación
satura nuestros canales, a menudo propagándose más rápido que los hechos. La
niebla de las mentiras se vuelve más densa, mientras que la confianza en la
verdad se desvanece.
Por ejemplo, esto lo observamos en cuestiones relacionadas con el cambio
climático. Este fenómeno llevó a la Corte Internacional de Justicia y a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos a reconocer que el acceso a la
información ambiental es esencial para abordar este problema: no se puede
proteger lo que no se puede ver o comprender.
Entonces, ¿Qué podemos hacer?
Podemos instar a nuestros gobiernos a que apoyen el periodismo de
calidad respaldando a los medios de comunicación independientes y aplicando
plenamente las leyes de acceso a la información. Y podemos denunciar la
desinformación tan pronto como la detectemos, e instar a los políticos, a las
plataformas digitales y a las empresas de inteligencia artificial a que rindan
cuentas.
El acceso a la información no es una amenaza, sino una oportunidad para
nuestras sociedades. Hoy y cada día, defendamos nuestro derecho a saber.
*David Walmsley, Presidente del Foro Mundial de Editores, y el Dr. Tawfik Jelassi, Subdirector General de la UNESCO para Comunicación e Información.
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