LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Administración Solís Rivera actuó responsablemente y a lo largo de su gestión advirtió de manera reiterada y oportuna que si el Plan Fiscal no era aprobado a tiempo el nuevo Gobierno enfrentaría faltantes de recursos, un aumento de tasas de interés y condiciones más duras para conseguir fondos.
La necesidad que tiene el actual Gobierno para conseguir más recursos mediante un presupuesto extraordinario de más de ¢600.000 millones es resultado del deterioro de la situación fiscal y que la Administración Solís Rivera había anunciado que entre más tiempo pasara para realizar la aprobación de la Reforma Hacendaria más fuerte sería el ajuste que se tendría que hacer. Ello ha sido la experiencia mundial cuando los ajustes han sido aprobados a destiempo. Ese incremento requerido es en la autorización presupuestaria de endeudamiento, no afectará al déficit proyecto por el Banco Central el pasado mes de julio.
El presupuesto del 2018 fue elaborado entre junio y los primeros días de agosto del año 2017, bajo supuestos económicos y financieros diferentes a los que enfrentó la Administración anterior al cierre del año pasado y a los que ha enfrentado el nuevo Gobierno, particularmente en cuanto a la disposición de los inversionistas para adquirir títulos de deuda pública a largo plazo. Tal situación obligó a la Tesorería Nacional a recurrir a endeudamientos extraordinarios de corto plazo, para cumplir con sus obligaciones en los últimos meses del 2017, al tiempo que se hacía más difícil también realizar canjes de deuda al mismo ritmo que se hizo en el pasado.
Debido a la situación fiscal actual, la nueva Administración ha debido elevar las tasas de interés para captaciones de fondos en el corto plazo y eso ha obligado nuevamente a las autoridades colocar deuda a plazos que vencen este mismo año.
Al incrementar las colocaciones de deuda con vencimiento en el 2018, cuando en principio se preveía colocar deuda con vencimiento en 2019 y más allá, se hace necesario ajustar la partida de amortización en el presupuesto nacional, tal y como lo está haciendo la actual Administración. Esto no solo fue algo que no se pudo prever al hacer el actual presupuesto ordinario, debido a la incertidumbre que provoca la falta de una solución a la situación fiscal, sino que podría volver a darse en el futuro si el problema no se resuelve.
Debido a la situación fiscal que estamos viviendo, la nueva Administración ha debido elevar las tasas de interés para lograr captaciones de fondos en el corto plazo y eso ha obligado nuevamente a las autoridades colocar deuda a plazos que vencen este mismo año. Obviamente, esa situación no podía ser prevista al arranque del segundo semestre del 2017, más aún cuando la proyección de déficit fiscal fue revisada al alza recientemente.
La situación fiscal y los retos presupuestarios que afrontaría el Gobierno entrante, fueron señalados con detalle a diversos actores políticos de cara a las elecciones el año pasado, además se reiteró el tema a las nuevas autoridades en reuniones sostenidas en la etapa de transición entre abril y mayo pasados. La premura que vivimos ahora también es producto de la ausencia de un acuerdo político nacional, durante los últimos 16 años, periodo en el cual naufragaron dos reformas tributarias y se planteó la actual reforma en noviembre del 2017.
Una vez más reiteramos la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe con urgencia el Plan Fiscal pero también la legislación necesaria para hacer expedita y transparente la posibilidad de obtener financiamiento externo para la atención de la deuda interna.
(*) Helio Fallas Venegas, ex Vicepresidente y ex Ministro de Hacienda
La necesidad que tiene el actual Gobierno para conseguir más recursos mediante un presupuesto extraordinario de más de ¢600.000 millones es resultado del deterioro de la situación fiscal y que la Administración Solís Rivera había anunciado que entre más tiempo pasara para realizar la aprobación de la Reforma Hacendaria más fuerte sería el ajuste que se tendría que hacer. Ello ha sido la experiencia mundial cuando los ajustes han sido aprobados a destiempo. Ese incremento requerido es en la autorización presupuestaria de endeudamiento, no afectará al déficit proyecto por el Banco Central el pasado mes de julio.
El presupuesto del 2018 fue elaborado entre junio y los primeros días de agosto del año 2017, bajo supuestos económicos y financieros diferentes a los que enfrentó la Administración anterior al cierre del año pasado y a los que ha enfrentado el nuevo Gobierno, particularmente en cuanto a la disposición de los inversionistas para adquirir títulos de deuda pública a largo plazo. Tal situación obligó a la Tesorería Nacional a recurrir a endeudamientos extraordinarios de corto plazo, para cumplir con sus obligaciones en los últimos meses del 2017, al tiempo que se hacía más difícil también realizar canjes de deuda al mismo ritmo que se hizo en el pasado.
Debido a la situación fiscal actual, la nueva Administración ha debido elevar las tasas de interés para captaciones de fondos en el corto plazo y eso ha obligado nuevamente a las autoridades colocar deuda a plazos que vencen este mismo año.
Al incrementar las colocaciones de deuda con vencimiento en el 2018, cuando en principio se preveía colocar deuda con vencimiento en 2019 y más allá, se hace necesario ajustar la partida de amortización en el presupuesto nacional, tal y como lo está haciendo la actual Administración. Esto no solo fue algo que no se pudo prever al hacer el actual presupuesto ordinario, debido a la incertidumbre que provoca la falta de una solución a la situación fiscal, sino que podría volver a darse en el futuro si el problema no se resuelve.
Debido a la situación fiscal que estamos viviendo, la nueva Administración ha debido elevar las tasas de interés para lograr captaciones de fondos en el corto plazo y eso ha obligado nuevamente a las autoridades colocar deuda a plazos que vencen este mismo año. Obviamente, esa situación no podía ser prevista al arranque del segundo semestre del 2017, más aún cuando la proyección de déficit fiscal fue revisada al alza recientemente.
La situación fiscal y los retos presupuestarios que afrontaría el Gobierno entrante, fueron señalados con detalle a diversos actores políticos de cara a las elecciones el año pasado, además se reiteró el tema a las nuevas autoridades en reuniones sostenidas en la etapa de transición entre abril y mayo pasados. La premura que vivimos ahora también es producto de la ausencia de un acuerdo político nacional, durante los últimos 16 años, periodo en el cual naufragaron dos reformas tributarias y se planteó la actual reforma en noviembre del 2017.
Una vez más reiteramos la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe con urgencia el Plan Fiscal pero también la legislación necesaria para hacer expedita y transparente la posibilidad de obtener financiamiento externo para la atención de la deuda interna.
(*) Helio Fallas Venegas, ex Vicepresidente y ex Ministro de Hacienda
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