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martes, 7 de agosto de 2018

Expresidente del Congreso asegura que Procuraduría de la Ética fue inoportuna en caso del cemento chino

LA VOZ DE GOICOECHEA.- El expresidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora, expresó este lunes su descontento con el proceder de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), sobre el manejo que se le dio al informe que eximió al exmandatario Luis Guillermo Solís de toda culpa en el caso del cementazo.

Zamora compareció ante la comisión legislativa especial que analiza las supuestas irregularidades en el procedimiento del informe en cuestión, como por ejemplo el vencimiento del plazo para apelar la resolución o los folios que se desaparecieron.

Según el exdiputado, la Procuraduría no fue diligente y más bien resultó inoportuna, ya que envió el informe en un momento que era prácticamente imposible apelarlo.

“La actuación de la Procuraduría de la Ética Pública fue inoportuna y posiblemente no fueron diligentes al enviar un informe sobre el expresidente Luis Guillermo Solís, en un momento en que los diputados no podían apelar porque estábamos en transición. La Procuraduría no es desconocedora de los procesos de transición en el término de periodo constitucional”, manifestó el exdiputado.

El congresista de Renovación Costarricense (PRC), dijo que él nunca buscó favorecer al Presidente Solís, sino cumplir con su trabajo. Aclaró que en las actas del Directorio consta de la labor que hicieron y la lectura que le dieron a la correspondencia que les llegó desde la Procuraduría.

Zamora dijo que el informe lo recibieron el 30 de abril y lo único que sabían de entrada era que tenían que repartirlo a unos y unas diputadas que ya se habían ido a sus casas. Posteriormente se enteraron que solo había tres días para apelar, pero ya era una misión de la siguiente legislatura, por lo que se remitió el documento al siguiente directorio.

No obstante, el documento llegó a los y las nuevas diputadas hasta el viernes 27 de abril, cuando ya se había vencido el plazo de apelación. Gonzalo reconoció ante la comisión que estaban al tanto de los tres días disponibles para apelar, pero que no podían hacer nada al respecto más que apegarse al criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso. 



 

 

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