LA VOZ DE GOICOECHEA.- El eventual cierre o fusión de instituciones estatales forma parte de los planes que el gobierno está dispuesto a considerar para atender el problema del déficit fiscal en el país.
La medida forma parte de una de tres acciones que el Estado debe comenzar a aplicar y que incluyen también la creación de una Ley de Empleo Público y nuevas alternativas para atender la deuda interna y externa.
Una vez que pase la discusión en torno al plan fiscal el análisis debe basarse en trabajar en un reacomodo de instituciones para determinar cuáles se pueden fusionar. Así lo señaló la mañana de este viernes en declaraciones a Telenoticias, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
“Hay que pensar en un reacomodo de instituciones, hay que ver si fusionamos instituciones y programas, porque los recursos van a ser importantes frente a las necesidades del Estado… el nombre del juego es eficiencia y no podemos acudir a estrujar a la gente con más impuestos con un Estado ineficiente”, dijo Aguilar.
Las primeras propuestas se darán a conocer la próxima semana. Estarán a cargo de una comisión de notables que creó la actual administración y que tomó como parámetro iniciativas planteadas en administraciones anteriores que nunca lograron llevarse a cabo.
Costa Rica cuenta con un total de 330 instituciones gubernamentales. La mayoría se trata de organizaciones de carácter económico, seguido de entes del área social.
Según el ente contralor, el país ha tenido tres periodos de crecimiento institucional, el primero de ellos entre los años 1940 y 1950, con el nacimiento de entes como el Seguro Social, bancos, el Tribunal de Elecciones, entre otros. De 1994 al 2002 fue el último periodo de auge y el mayor de todo, cuando se crearon cerca de 90 instituciones.
La posibilidad de fusionar o cerrar instituciones del Estado no es una discusión nueva. Se ha planteado en al menos tres ocasiones en los últimos 20 años, por parte de comisiones especializadas y de notables.
El exdiputado Ottón Solís fue uno de los últimos en impulsar iniciativas de este tipo. Propuso un proyecto de ley para cerrar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y establecer todas sus operaciones dentro de un Ministerio de Asistencia Social.
También puso sobre la mesa fusionar las superintendencias de seguros, valores, pensiones y entidades financieras, en una sola.
A nivel ciudadano también se ha cuestionado la labor de algunas entidades como la Fábrica Nacional de Licores y el Consejo Nacional de Producción.
Este reacomodo institucional deberá estar acompañado de una reforma al empleo público, tema sobre el cual ya existe un acuerdo del gobierno con varias fracciones legislativas para enviar el próximo año a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que regule este tema.
En esta materia se debe incluir un nuevo apartado sobre salarios y regulaciones como el teletrabajo, educación dual y reducción de pluses y beneficios.
“Una ley de empleo público vendrá a corregir hacia adelante las remuneraciones del Estado”, señaló Aguilar.
Las remuneraciones han comenzado a estrangular las finanzas del Estado, especialmente por los pluses.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda son los que reciben una mayor proporción de beneficios, en relación a su salario base.
El hecho de que los pluses y beneficios sean mayores que el salario generan una bola de nieve a nivel administrativo, pues su cálculo muchas veces está basado en el los montos finales que recibe el trabajador cada año, y no en su remuneración base.
En la Defensoría, por cada ₡100 mil en remuneraciones básicas para el próximo año se destinarán ₡194.845. Esto significa que lo que se paga en incentivos es casi el doble de lo que significan los salarios base.
En la Asamblea Legislativa se destinará ₡164.192 por cada ₡100 mil.
El tercer aspecto en el cual pondrá énfasis el gobierno es en un “reacomodo” de los pasivos del Estado.
En este punto Hacienda ya está desarrollando un trabajo de análisis sobre la deuda interna y externa del país a fin de determinar como transformarla en pagos más adecuados con mejores tasas y a mayores plazos.
El gobierno aún confía en que el plan fiscal pueda avanzar en la Asamblea Legislativa. Este viernes varias fracciones enviaron la iniciativa a consulta de la Sala Constitucional, de donde deberá volver en un plazo máximo de un mes.
FUENTE CRHOY
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