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Gobierno se endeuda para pagar pensiones con cargo al Presupuesto



LA VOZ DE GOICOECHEA.-   Hacienda emitirá bonos por ¢225.830 millones para financiar jubilaciones a 61.000 personas este año. Los restantes ¢834.600 millones se financiarán con el aporte de los contribuyentes. 


Los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional cuentan con 61.360 beneficiarios. El pago de la pensión de estas personas ascenderá a ¢1 billón, el 21% de dicho dinero se financiará con deuda. 



El Gobierno recurrirá a la emisión de bonos de deuda para pagar las 61.360 pensiones con cargo al Presupuesto Nacional durante este año.


El 21% de los ¢1,06 billones previstos en gasto por jubilaciones para este año se financiará con títulos valores, según se detalla en la Ley de Presupuesto 2019.

Dicho porcentaje asciende a ¢225.830 millones, es decir el equivalente a $380 millones, casi cuatro veces más que el costo de la construcción del Estado Nacional donado por China.

El restante 79% de los recursos para sufragar las jubilaciones, es decir ¢834.607 millones, saldrá del pago de impuestos hecho por los contribuyentes.

Es la primera vez, en un plazo de 16 años, en que el Ministerio de Hacienda debe endeudarse por un monto tan alto para cumplir las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

Al inicio de la década del 2000, Hacienda debió acudir al mercado local para obtener una parte de los recursos y pagar beneficios a los jubilados.

Así lo hizo en el 2002 y el 2003, pero los montos captados ascendieron a ¢4.465 millones y ¢5.500 millones, respectivamente. En ese momento dicha cantidad significó casi un 3% del gasto total de los regímenes especiales, muestran los datos de la entidad.

En el 2009, el financiamiento mediante deuda destinado a jubilaciones se disparó a ¢116.099 millones y más recientemente, en el 2013, fueron ¢123.000 millones.

En ambos años, el monto captado significó menos de una cuarta parte del gasto total en pago de pensiones del Gobierno.

Las emisiones hechas por Hacienda han generado que la partida de amortización de interés de deuda, entro del presupuesto de los regímenes especiales, se incremente.

Para este año el la amortización prevista es de ¢400 millones; mientras que en los últimos tres años fue de ¢200 millones, según Hacienda.

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional fueron creadas en 1992 y son administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.

Dicho sistema está conformado por ocho regímenes contributivos en los cuales destacan el del Magisterio Nacional, Hacienda y Poder Legislativo y Obras Públicas y Transportes.

Asimismo hay seis fondos no contributivos: Beneméritos, Guardia Civil, Gracia, Expresidentes de la República, Víctimas de Guerra y Premios Magón.

Financiamiento de jubilaciones



El 21% del pago de pensiones con cargo al Presupuesto, es decir ¢225.830 millones se financiará con bonos de deuda y los restantes ¢834.607 millones mediante el pago de impuestos por parte de los contribuyentes. 


Estructura del gasto

Luis Paulino Mora, director de Pensiones, explicó que la solicitud de recursos a Hacienda se efectúa con base a la necesidad de recursos para pagar a los beneficiarios.

“Cada año hay un incremento de nuevos jubilados que se da principalmente por docentes del Magisterio Nacional“, detalló Mora.

Precisamente, el egreso más relevante de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional se concentra en maestros y profesores.

El 70% del total de pensionados son personas que, al finalizar el 2018, eran miembros del Magisterio.

Esta situación genera que el gasto se concentre en este núcleo de retirados, pues absorben tres cuartas partes del egreso anual, según los datos de Hacienda.

El segundo grupo en importancia de beneficiarios son los jubilados de Hacienda y exdiputados, pues se llevan casi el 10% del gasto anual. En total se trata de 6.533 personas, entre los cuales hay 200 que fueron legisladores.

El financiamiento de los jubilados no solo incluye los recursos que cada mes recibe la persona.

Al Presupuesto Nacional también se carga el pago de las contribuciones sociales de los pensionados al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El Director de la DNP reconoció que no hay una estimación de cuántas personas más podrán jubilarse bajo estos regímenes especiales.

Mora explicó que hay trabajadores cotizando al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) quienes pueden optar por una pensión con cargo al Presupuesto Nacional.

Asimismo cuando un pensionado fallece no necesariamente significa que el gasto se acaba, porque quedan los beneficiarios. Entonces la pensión sigue por más tiempo, destacó Mora.

Aminora crecimiento

La Contraloría General de la República (CGR), en el análisis del Presupuesto del 2019, resaltó que para este año el gasto en pensiones crece 2,8% comparado con el 2018.

Las reformas legales de creación de una contribución especial solidaria y la eliminación de la revalorización del 30% en el monto de pensión de exdiputados aminoró el crecimiento del gasto en pago de beneficios.

“Las reformas legislativas aprobadas en el periodo 2016 y 2017, han generado un ahorro en el erario público de ¢10.856 millones”, destacó la CGR.

La entidad también prevé que haya un efecto favorable de la reforma fiscal, pues dicha ley creó nuevos tramos en el pago de renta, los cuales se aplicarán a los pensionados de lujo.

1.000 nuevos docentes ingresaron al régimen

El 2018 finalizó con 44.140 docentes jubilados bajo el Régimen Transitorio de Reparto. Hay un grupo de 7.600 personas que se incorporarán a este fondo en los próximos año. 

El Régimen Transitorio de Reparto (RTR) finalizó el 2018 con un total de 44.140 docentes jubilados por este sistema especial.

Los datos estadísticos de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) muestran que casi 1.000 personas se incorporaron al fondo con cargo al Presupuesto Nacional, pues en 2017 eran 43.151 los beneficiarios del régimen.

El RTR fue creado por ley, en 1992, y está confirmado por docentes que laboraban en el Magisterio Nacional antes de esa fecha para quienes el Gobierno debió crear una reserva, pero no lo hizo. Desde ese momento el pago de estas jubilaciones se cargó al Presupuesto Nacional.

Los datos de la Junta muestran que, durante los últimos cinco años, la cantidad de nuevos beneficiarios se elevó en casi 10%.

Los pensionados del régimen especial recibieron en promedio un monto de pensión de ¢1.000.000 el año anterior.

La Junta detalló a La Nación que en promedio los beneficiarios por vejez del sistema tienen una edad de 69 años y estiman una esperanza de vida de aproximadamente 18 años para los pensionados actuales.

Es decir que se les pagaría la pensión por unos 18 años más.

En total, el gasto del Gobierno para financiar los beneficios de estos jubilados ascendió a ¢542.200 millones el año pasado, es decir un incremento de 5,4% frente a los ¢514.198 millones del 2017.

Los jubilados del RTR efectúan un aporte al régimen equivalente al 8% del beneficio mensual. El año pasado, en total el monto ascendió a ¢28.264 millones.

Asimismo, a los jubilados del sistema con pensiones de lujo se les aplicó las deducciones solidarias, las cuales ascendieron a ¢2.460 millones, durante el 2018.

Mientras que el pago el impuesto sobre la renta, para las personas con pensiones por encima de los ¢800.000, sumó un total de ¢27.225 millones el año anterior.

La información de Jupema muestra que, el año pasado, finalizó con 7.651 docentes quienes cumplirán el beneficio de jubilarse por el RTR, en los próximos años.

Se trata de empleados del Ministerio de Educación Pública, centros privados y profesores universitarios.

“Jupema estima que para finales del 2030 se pensionaría el último trabajador del RTR”, detalló la entidad por escrito.

El 73% de estas personas están en un rango de edad de entre 50 años y 60 años. El 17% tenían menos de 50 años y el 10% superaban los 60 años, según Jupema.

“Para determinar el plazo en que la gente cumple el derecho de pensión por el Régimen Transitorio de Reparto, se requiere información que sólo tiene Contabilidad Nacional, tales como los años de servicios en el MEP o en los centros educativos privados, para los años 1980 e inicios de los 1990”, explicó la entidad.


FUENTE LA NACION 



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