Nicaragua: ¿se acerca el fin del modelo autoritario y dinástico?

LA VOZ DE GOICOECHEA.- Ya pasó un año de la crisis política y de derechos humanos, el país necesita una solución política creíble, para restablecer la confianza de la sociedad y del mundo.

En un documento titulado La tragedia nicaragüense: Del consenso a la coerción, Richard E. Feinberg, profesor de la Universidad de California y ex funcionario del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, asegura que hoy Nicaragua se encuentra en un punto crítico.

“Las capacidades de gobernabilidad pueden alcanzar el desempeño económico, para construir un modelo de capitalismo democrático abierto con inclusión social. Alternativamente, el país puede regresar al oscuro abismo de la represión política y la miseria económica”, asegura.

En abril del año pasado, en respuesta a una arbitraria reforma a la Seguridad Social, que afectaba a pensionados y a jubilados, estallaron protestas sociales en varias partes del país que fueron reprimidas con fuerza letal por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En el primer mes de las protestas sociales, entre el 18 de abril y el 17 de mayo, los organismos de derechos humanos documentaron la muerte de alrededor de 68 personas y 500 heridos. Meses después, de acuerdo a cifras de organismos internacionales, los muertos aumentaron a más de 325 personas, como resultado de operaciones policiales y paramilitares.

En agosto de 2018 inició el proceso de criminalización de las protestas, que trajo consigo la captura y enjuiciamiento de centenares de líderes estudiantiles y de organizaciones sociales. Y, a partir de octubre del mismo año, el régimen Ortega Murillo –a través de la Policía Nacional- prohibió los derechos políticos a la reunión pacífica y la concentración, movilización y manifestación pública, consignados en la Constitución de la República.

La investigación de Feinberg, presentada públicamente en marzo recién pasado en el Wilson Center, concluye que la crisis política fue el resultado lógico de las contradicciones entre una economía en gran parte privada, impulsada por el mercado, y los esfuerzos de los líderes sandinistas para construir un sistema político autocrático y unipartidista.

Y, agrega: “Mientras la combinación de economías privadas y políticas autocráticas puede prosperar en algunas sociedades asiáticas, aún no existe un ejemplo exitoso y duradero en el Hemisferio Occidental. Es poco probable que Nicaragua sea una excepción a la regla”.

Autoritaritario y dinástico

En 2009, valiéndose del control políticos obre la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional, Daniel Ortega demolió jurídicamente los artículos 147 y 178 de la Constitución Política vigente en ese entonces, que prohibían la reelección continua. Con esa movida, más el control del Consejo Supremo Electoral, logró reelegirse en 2011 para un segundo periodo.

Posteriormente, una Asamblea Nacional sometida a sus intereses políticos, instauró la reelección indefinida, de cara a los siguientes comicios en 2016, en los cuales además Ortega corrió con su esposa, Rosario Murillo, candidata a Vicepresidente de la República. Ambos ganaron en unos comicios donde no hubo observación electoral y se prohibió la participación de la verdadera oposición política.

Edmundo Jarquín, coautor del libro El régimen de Ortega, ¿otra dictadura familiar en el continente?, aseguró a E&N que en esa obra –publicada a finales de 2016- se anticipaba la contradicción latente en su proyecto autoritario y dinástico, sin embargo reconoce que el estallido social de abril de 2018 lo sorprendió.

“Hasta hace un año, el proyecto de gobierno de Ortega, con claro perfil dinástico resultaba inconmovible. Parecía que su proyecto de capitalismo autoritario, sin democracia y sin un mínimo de Estado de Derecho duraría por tiempo indefinido”, aseguró Jarquín, economista y opositor.

“Solamente faltaba la chispa que incendiara la pradera, porque el régimen había acumulado agravios en contra de todos los sectores sociales. Hoy no será posible que Ortega-Murillo rehagan sus alianzas nacionales e internacionales. A lo sumo podrán rehacer y cohesionar parte del sandinismo. Esto suministrará capacidad represiva, pero no legitimidad política. En ese contexto, la crisis económica continuará profundizándose”, agregó.

Crisis profunda

La crisis económica y social es tan profunda que el Banco Central de Nicaragua ha tenido que registrarla en su Informe Anual 2018. En el documento oficial se establece que la economía decreció en -3,8%, luego de crecer 4,7% en el año anterior. Además, el PIB per cápita se redujo de US$2.163.3 millones a US$2.028.2 millones en el mismo periodo.

Por otra parte, los depósitos totales en el sistema financiero nacional se redujeron en -20,7% y la cartera de crédito bruta en -9,2%. Asimismo, los ingresos por turismo cayeron a US$544.4 millones (US$840.5 millones en 2017) y la inversión extranjera directa sumó US$359.2 millones (US$771.9 millones en 2017).

También refieren que más de 294.000 trabajadores quedaron desempleados y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) perdió alrededor de 157.923 afiliados.

Para superar la crisis económica, social y de derechos humanos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que sostiene un diálogo interrumpido con representantes del régimen de Ortega-Murillo, ha planteado que las condiciones para llegar a una solución política creíble son: liberación de todos los presos políticos, restablecimiento de los derechos y garantías de los nicaragüenses, cese a la represión gubernamental, retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, garantías para el regreso de miles de exiliados, reformas electorales y adelantó de los comicios generales del 2021.

Sin embargo, el gobierno ha rechazado discutir la mayor parte de esa agenda. Jarquín valoró que Ortega y Murillo se niegan hasta ahora a negociar el adelanto de las elecciones generales por orgullo y por no debilitar a su limitada base social.

“Es parte del discurso no adelantar las elecciones, como lo era no liberar a los presos políticos a quienes en el discurso había llamado “terroristas golpistas”. Pero Ortega no entiende de razones, por justas que sean, pero sí entiende de presiones, y terminará adelantando las elecciones”, concluyó Jarquín.

FUENTE E&N

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