LA VOZ DE GOICOECHEA.- Dos jueces de Trabajo del II Circuito Judicial le ordenaron a Édgar Mora, ministro de Educación, suspender el despido de forma provisional y restituir a dos docentes cesados por participar en la huelga el año pasado.
Se trata de un hombre de apellidos García Jiménez, cuyo caso se tramita bajo el expediente 19-000888-0166-LA, y una mujer apellidada Esquivel Vega, con expediente 19-000822-0166-LA, ambos agremiados al Sindicato Patriótico de la Educación (Sinpae).
Juan Carlos Quirós, abogado del Sinpae, expresó que Mora se ha dedicado a hacer a un lado a sus representados, incluso atribuyó los despidos a una persecución sindical.
Actualmente hay 52 agremiados con procesos disciplinarios y 14 con gestión de despido ante el Tribunal de Servicio Civil, mientras que 8 docentes interinos fueron cesados.
La reinstalación de los profesionales en educación se da porque, según los abogados, los despidos están alejados del marco jurídico al fundamentarse en las ausencias por la huelga y por la supuesta no presentación de documentos que para el MEP deberían de existir, pero la norma no lo pide.
“Se ha venido diciendo que el Sinpae no era parte de los involucrados judiciales ante los tribunales como el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Esto demuestra desconocimiento o ignorancia porque ser o no parte del proceso judicial depende del ministro o el procurador que los haya colocado como tales cuando pidieron la ilegalidad de la huelga”, explicó Quirós.
REPRESIÓN E INDEMNIZACIONES
Jafet Montenegro, otro abogado del Sinpae, señaló que con la resolución de los jueces se logra determinar que posiblemente exista una violación a los derechos de los trabajadores.
Además, manifestó que Édgar Mora no está dispuesto a entender que cometen errores graves, por lo cual será necesario que el Estado reciba una represión internacional para que las conductas que se dan en el MEP no se repitan.
“Parece que el ministro está mal asesorado o se vale de su puesto para reprimir cualquier acción con el fin de sembrar temor para que no vuelvan a una huelga”, apuntó Montenegro.
Aunado a ello, expresó que el actuar del MEP podría generar implicaciones a la economía del país porque los procesos en mención pueden significar indemnizaciones.
“A esos trabajadores se les tendrá que pagar los salarios caídos y hablamos que son cerca de ¢600 millones para todos en conjunto y ahorita el Estado no está ni para satisfacer sus necesidades, mucho menos para incurrir en gastos de esta forma”, sentenció.
El Sinpae presentará una denuncia ante el Organismo Internacional del Trabajo (OIT) para que se pronuncie al respecto.
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