LA VOZ DE GOICOECHEA.- El diputado del PLN, Roberto Thompson, presentó un proyecto de ley para regular los bloqueos en el país y endurecer sanciones contra quienes los realicen.
De acuerdo con el legislador, «más allá de su derecho a manifestarse libremente, de manera pacífica y sin armas, son cada vez más frecuentes escenas lamentables en donde se observan personas promoviendo la realización de bloqueos en las vías públicas, la paralización de servicios públicos, y además, ejecutando actos vandálicos sin precedentes, incluso, atentando contra la integridad física y la vida de los funcionarios públicos de nuestras fuerzas policiales, en un franco irrespeto por el orden público y la paz social».
El expediente 21.715 propone una reforma al artículo 263 bis del Código Penal, ley 4573, para endurecer las penas por bloqueos.
Hasta la actualidad, la legislación contempla una sanción de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.
En caso de que esta iniciativa se apruebe, las penas serán de seis meses a un año de prisión, y si estuvo en riesgo la salud
o vida de las personas o haya existido resistencia por parte de los manifestantes a la orden policial, se impondrá una pena de 1 a 4 años.
En agosto pasado, la Sala Constitucional concluyó que las autoridades nacionales debieron tomar medidas efectivas para levantar los bloqueos en la ruta N. º32 (que comunica San José con Limón) y la N. º2 (sobre puente Jilguero, Pérez Zeledón).
En las sentencias citadas, la magistrada y los magistrados (seis votos contra uno) declararon con lugar dos recursos de habeas corpus (que tutela la libertad de tránsito) –interpuestos de forma separada–contra la Policía de Tránsito y los ministerios de Seguridad Pública y de la Presidencia por no haber actuado con la suficiente diligencia para levantar los bloqueos en las rutas nacionales N.º 2 y N.º 32 realizados por estudiantes y transportistas entre el 26 de junio y el 2 de julio de este año.
El Tribunal razonó que el derecho a manifestarse encuentra una limitación en los derechos fundamentales de las otras personas.
De acuerdo con el legislador, «más allá de su derecho a manifestarse libremente, de manera pacífica y sin armas, son cada vez más frecuentes escenas lamentables en donde se observan personas promoviendo la realización de bloqueos en las vías públicas, la paralización de servicios públicos, y además, ejecutando actos vandálicos sin precedentes, incluso, atentando contra la integridad física y la vida de los funcionarios públicos de nuestras fuerzas policiales, en un franco irrespeto por el orden público y la paz social».
El expediente 21.715 propone una reforma al artículo 263 bis del Código Penal, ley 4573, para endurecer las penas por bloqueos.
Hasta la actualidad, la legislación contempla una sanción de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.
En caso de que esta iniciativa se apruebe, las penas serán de seis meses a un año de prisión, y si estuvo en riesgo la salud
o vida de las personas o haya existido resistencia por parte de los manifestantes a la orden policial, se impondrá una pena de 1 a 4 años.
En agosto pasado, la Sala Constitucional concluyó que las autoridades nacionales debieron tomar medidas efectivas para levantar los bloqueos en la ruta N. º32 (que comunica San José con Limón) y la N. º2 (sobre puente Jilguero, Pérez Zeledón).
En las sentencias citadas, la magistrada y los magistrados (seis votos contra uno) declararon con lugar dos recursos de habeas corpus (que tutela la libertad de tránsito) –interpuestos de forma separada–contra la Policía de Tránsito y los ministerios de Seguridad Pública y de la Presidencia por no haber actuado con la suficiente diligencia para levantar los bloqueos en las rutas nacionales N.º 2 y N.º 32 realizados por estudiantes y transportistas entre el 26 de junio y el 2 de julio de este año.
El Tribunal razonó que el derecho a manifestarse encuentra una limitación en los derechos fundamentales de las otras personas.
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