LA VOZ DE GOICOECHEA.- Luego que se realizara un allanamiento en su despacho, la diputada del Partido Restauración Nacional (PRN), Floria Segreda Sagot aseguró que estaba siendo víctima de mentiras y de un show mediático.
En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora consideró que el allanamiento se basó en “cortinas de humo” puesto que no existen elementos de prueba sobre los que se le acusan, además que parece “un tema personal”.
Del mismo modo, descartó que haya contactado al Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa para que no le aplicaran una deducción de salario producto de un embargo.
Aquí la víctima soy yo. Este tipo (Hidalgo) lo que ha hecho es mentir para que lleguen a allanar algo y no encuentren nada. El que nada debe, nada teme y doy la cara, porque nunca he mandado documentos para que me hagan un tipo de favor.
Según explicó Segreda, de forma humanitaria proporcionó un inmueble a una persona, no obstante, mediante en un procedimiento de carácter legal fue estafada y a raíz de ello, se le impone una medida de embargo, que ascendería a 26 millones de colones.
El embargo de salario se genera por una serie de costas elevadas que se dieron por una casa que incluso falsificaron mi firma. Eso está en proceso (…) Imagine usted que la casa la vendí en 10 millones y se me está embargando por 26. Esa casa era mía. A un señor que vivía en la calle, incluso, para hacerle un favor, le presté un crédito para que él pudiera tener esa casa para sus niñas. Después, llegaron unos abogados y les quedó muy fácil quitarle la casa. Le hicieron firmar una hipoteca por 30 millones de colones por honorarios y el abogado le quitó la casa. De ahí es dónde viene todo este litigio.
La legisladora concluyó afirmando que el Ministerio Público está en derecho de hacer el allanamiento, no obstante, “hay temas más importantes que allanar por una cartita que existe o no existe”.
A eso de las 09:15 horas, empezó una diligencia judicial dirigida por la Fiscal General Emilia Navas en el edificio “Casa Rusa”, la cual procuraba recabar información sobre los aparentes delitos de tráfico de influencias, desobediencia y prevaricato que habría cometido Segreda, en la que, en apariencia, habría solicitado a la Dirección Financiera de la Asamblea Legislativa que retuviera parte de sus fondos para no cancelar dos costas (embargo) por un proceso judicial y embargo por la venta de un inmueble.
Del mismo modo, descartó que haya contactado al Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa para que no le aplicaran una deducción de salario producto de un embargo.
Aquí la víctima soy yo. Este tipo (Hidalgo) lo que ha hecho es mentir para que lleguen a allanar algo y no encuentren nada. El que nada debe, nada teme y doy la cara, porque nunca he mandado documentos para que me hagan un tipo de favor.
Según explicó Segreda, de forma humanitaria proporcionó un inmueble a una persona, no obstante, mediante en un procedimiento de carácter legal fue estafada y a raíz de ello, se le impone una medida de embargo, que ascendería a 26 millones de colones.
El embargo de salario se genera por una serie de costas elevadas que se dieron por una casa que incluso falsificaron mi firma. Eso está en proceso (…) Imagine usted que la casa la vendí en 10 millones y se me está embargando por 26. Esa casa era mía. A un señor que vivía en la calle, incluso, para hacerle un favor, le presté un crédito para que él pudiera tener esa casa para sus niñas. Después, llegaron unos abogados y les quedó muy fácil quitarle la casa. Le hicieron firmar una hipoteca por 30 millones de colones por honorarios y el abogado le quitó la casa. De ahí es dónde viene todo este litigio.
La legisladora concluyó afirmando que el Ministerio Público está en derecho de hacer el allanamiento, no obstante, “hay temas más importantes que allanar por una cartita que existe o no existe”.
A eso de las 09:15 horas, empezó una diligencia judicial dirigida por la Fiscal General Emilia Navas en el edificio “Casa Rusa”, la cual procuraba recabar información sobre los aparentes delitos de tráfico de influencias, desobediencia y prevaricato que habría cometido Segreda, en la que, en apariencia, habría solicitado a la Dirección Financiera de la Asamblea Legislativa que retuviera parte de sus fondos para no cancelar dos costas (embargo) por un proceso judicial y embargo por la venta de un inmueble.
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