Dichas delegaciones cuentan con una o varias órdenes sanitarias las cuales no se han cumplido o solo se han cumplido parcialmente, pese a que algunas datan del 2016.
Entre las deficiencias que presentan los inmuebles sobresalen: pisos deteriorados, estructuras ruinosas e insalubres, deficiente tratamiento de aguas negras e incumplimiento con la Ley 7600.
La resolución se origina en un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y emplaza para que en un máximo de 18 meses se ejecuten las acciones respectivas.
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